J. Antequera, Castelló
De esta manera se abre la puerta a que los inspectores de Hacienda puedan referirse también a ella y a sus actividades económicas en el informe que están ultimando.
La investigación de los peritos contra Andrea Fabra se vio privada de cobertura legal, desde enero hasta junio, porque a la juez de Nules se le pasó incluir a la senadora en la lista de los familiares del presidente que debían ser investigados por expreso mandato de la Audiencia Provincial de Castelló. Este tribunal advirtió en marzo de 2006 que en asuntos como el caso Fabra «no suele ser infrecuente que el lucro obtenido se oculte en la esfera familiar».
El error judicial se consumó el pasado 23 de enero, cuando la juez de Nules, Lourdes Noverques, concedió «habilitación general» a los peritos de la Fiscalía Anticorrupción para acceder a las bases de datos de la Agencia Tributaria y recabar información fiscal y patrimonial de Carlos Fabra, su mujer María Amparo Fernández, y de los hijos del matrimonio: Borja Fabra, Claudia Fabra y Carlos Fabra Fernández. En aquella providencia, la juez incurrió en un lapsus y se olvidó de la senadora. Han tenido que pasar casi cinco meses, hasta el pasado 7 de junio, para que la titular del juzgado se diera cuenta del olvido y acordara que «procede conceder a los peritos habilitación general para acceder a las bases de datos de la Agencia Tributaria en las que conste información de trascendencia tributaria correspondiente a Andrea Fabra».
El mandato se extiende también a todas las declaraciones que la hija del presidente haya presentado «por todos los conceptos tributarios» en el periodo comprendido entre 1999 y 2004.
La decisión de Noverques provocó la inmediata respuesta de Carlos Fabra, quien en el enésimo recurso de apelación elevado a la Audiencia Provincial de Castelló alegó que tal decisión supone «una lesión de su derecho fundamental a la intimidad» y de otras personas investigadas, «incluso no imputadas», refiriéndose a su hija Andrea Fabra y al resto de familiares.
El abogado de Fabra, Javier Boix, insiste además en el escrito en que la investigación de los inspectores de la Fiscalía Anticorrupción sobre los hijos de la familia Fabra supone un riesgo ante la posibilidad de que se filtren a la prensa «un buen número de datos personales e íntimos», que a su juicio no tienen nada que ver con la investigación judicial. Además, considera que la titular de Nules no ha controlado suficientemente a los dos peritos en su labor de obtención de unos datos «sumamente protegidos» por la Agencia Tributaria. El recurso está pendiente de resolución en la Audiencia Provincial y tanto el abogado del Estado (que representa los intereses del Ministerio de Hacienda) como el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, se opusieron al mismo. El representante del Ministerio Público llega a decir en su escrito que el recurso del líder provincial del PP contra la labor de los peritos «sólo puede entenderse desde la ignorancia y el desconocimiento de las garantías, sistemas y procedimientos que regulan la obtención de datos de la Agencia Tributaria». En una providencia fechada el 26 de septiembre, Noverques hace constar que ha recibido ya la información «de trascendencia tributaria» sobre Andrea Fabra que los peritos han obtenido en los ficheros oficiales.
Ahora los inspectores están a la espera de recibir la información que los bancos deben remitir sobre el presidente de la diputación, su mujer y sus descendientes para poder realizar su informe final. El presidente de la diputación, su esposa y 6 ex altos cargos del PP figuran como imputados en supuestas mediaciones en favor de Naranjax. Andrea Fabra está casada con el consejero madrileño de Sanidad, Juan José Güemes. El líder del PP la colocó en el Senado el pasado mes de julio.
