E. Regalado / J. Baixauli, Castelló
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Moncofa, Enrique Navarro, negó ayer haber recibido la providencia del juzgado que insta a paralizar las obras en el sector Belcaire Sur pese a que ésta fue notificada al procurador del consistorio con fecha 12 de noviembre. Navarro, a preguntas de este diario, aseguró que las obras no se han parado y que desconocen que haya ninguna notificación para detenerlas, apuntando en cualquier caso que si reciben algún documento oficial cumplirán con lo que marque.
La providencia, a la que ha tenido acceso Levante de Castelló, fue dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo el 7 de noviembre, aunque no fue hasta el pasado lunes 12 de noviembre cuando fue notificada a los procuradores del caso, tanto al de la parte denunciante como al del ayuntamiento.
Los demandantes, según han asegurado a este diario, asubrayan que «el ayuntamiento, aunque quiera ocultarlo, tiene conocimiento de una providencia que tendrán que ejecutar antes del lunes de la semana que viene al haber un plazo de diez días». De hecho, para que no quedase duda alguna, esta misma parte dio traslado al ayuntamiento de la resolución judicial «para confirmar que tienen conocimiento en todo momento de esta paralización que ha acordado el juzgado».
Acta notarial
Fuentes de los demandantes señalan que «al ayuntamiento no le queda otra que cumplir y paralizar las obras de urbanización porque si no incurriría en desacato». En el caso de que transcurra el plazo oficial y el ayuntamiento siga sin certificar la paralización del sector «por nuestra parte procederemos a levantar acta notarial para remitirla al juzgado», desde donde se tendría que emitir una serie de requerimientos que, en el caso de que siguiesen sin ser aplicados, podrían acabar finalmente en la apertura de un procedimiento penal.
Pese a ello, desde la parte demandante confían en que «una administración pública como es un ayuntamiento cumpla lo que le ordenan los tribunales».
Las consecuencias económicas, al margen del proceso judicial abierto, son notables ya que, según los datos que maneja el consistorio, en la actualidad están vigentes al menos cuatro licencias de obras, lo que se traduce en proyectos para construir medio millar de viviendas que, de momento, deberán quedarse en punto muerto.
Desde el ayuntamiento, pese a conocer desde hace meses el auto del TSJ, confiaban en que el juzgado reclamase a los denunciantes un aval económico, aunque cabe recordar que ya hace más de un año que esta parte entregó al juez un aval de más de 3 millones de euros.
Zonas verdes
La denuncia en este caso vino motivada, entre otros aspectos, por errores a la hora de diseñar las zonas verdes del PAI. En un primer momento el consistorio acordó computar la superficie que faltaba, unos 5.000 m2, en otro sector anexo, el Bobalar. Estos cambios, según los demandantes, obligaban a modificar todo el plan parcial, pero el ayuntamiento desarrolló todo el proceso de urbanización y reparcelación sin el paso previo de cambiar el plan parcial.
La gestión municipal en el Belcaire Sur llevó a la apertura de numerosos recursos de propietarios afectados e incluso la Fiscalía ha iniciado investigaciones para determinar la presunta venta irregular de suelo municipal a los urbanizadores de este amplio sector.
