Emilio Regalado, Castelló

La investigación abierta por presunta prevaricación en la construcción del edificio Mar de Orpesa, bloque construido sobre un suelo calificado para camping, ha dado un nuevo giro tras la decisión del juzgado de instrucción número 4 de Castelló de citar a declarar como imputado al actual alcalde, Rafael Albert, quien tendrá que comparecer ante la juez el próximo 20 de febrero.

La titular del juzgado acepta así la realización de nuevas diligencias reclamada por el fiscal del caso, quien consideraba necesario que el juzgado aclarase la decisión del alcalde popular, el verano de 2005, de celebrar un pleno extraordinario para legalizar el polémico edificio.

La juez, como se recordará, decidió el pasado año abrir un procedimiento penal abreviado, tras 18 meses de diligencias previas, al considerar que hay indicios de presunto delito, investigación que afecta como imputados al ex alcalde Francisco Garrido -máxima autoridad política a la hora de conceder la licencias de obras del edificio Mar durante el mandato 1999-2003-, a los tres ediles que le acompañaron en el equipo de gobierno -Juan Manuel Ribes, Mª Vicenta Garcés y Fernando Juárez (este último el único en activo en el consistorio)- y al arquitecto municipal.

Ahora, tras la petición de diligencias complementarias del fiscal, el juzgado intentará profundizar en la celebración, el 16 de agosto de 2005, de un pleno urgente extraordinario donde el PP, con Rafael Albert a la cabeza, llevó a debate y aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para homologar el edificio Mar.

Esta sesión plenaria motivó un mes después la presentación de una serie de alegaciones por parte del representante del Bloc, Josep Lluís Romero, quien denunció tanto defectos de forma en la convocatoria del pleno como presuntas irregularidades en la homologación que planteaba el Partido Popular. Tras ello, el equipo de gobierno acordó anular el punto aprobado en agosto acogiéndose sólo al error formal en la convocatoria del pleno, pero sin entrar a valorar las presuntas irregularidades que denunció el Bloc.

Está pendiente asimismo que la juez decida, como así ha reclamado también el fiscal en su petición de diligencias complementarias, que se cite a declarar como imputados a los responsables de la empresa promotora, San Juan de Moró, en la que figura como apoderado el ex presidente de Astroc, Enrique Bañuelos.