En una carta abierta que publican en www.investigaciondigna.es, los científicos indican que la ciencia en España ha sufrido recortes drásticos en los últimos 2 años, con la escusa de la crisis económica; un recorte medio en los presupuestos del 16%, que para los llamados OPIs (Organismos Públicos de Investigación) fue superior al 30%.
La situación genera una pérdida de credibilidad de nuestro país como potencia científica y un descenso presente y futuro en la competitividad, y todo ello en una época que el gobierno socialista presentaba como adalid de su política científica un cambio del modelo productivo actual a uno basado en el conocimiento. Gran decepción.
A la plataforma Investigación Digna, le preocupa la reducción y casi desaparición de oportunidades para que los investigadores jóvenes, tras más de un decenio de trabajo precario, puedan estabilizarse laboralmente; un ejemplo de ello es el recorte del 90% en el número plazas en el CSIC, órgano (hoy en UCI) de excelencia investigadora nacional. Esta reducción golpea con crudeza, dicen en su carta abierta, no sólo a los investigadores con contratos Ramón y Cajal (que han superado procesos de evaluación), sino también a los postdoctorales que en etapas previas que se ven afectados por el escaso número de contratos en el sistema de I+D, mal llamado investigación y desarrollo, mejor investigación con depresión.
Los científicos críticos, la minoría por cierto, quizás temerosos de que no llegue un «café para todos» convertido microcréditos, detectan un grave peligro: la pérdida de varias generaciones de investigadores, formados básicamente con dinero público, que han sido una de las bases del crecimiento de la producción científica española en los últimos años. Por ello, tras el análisis del borrador de la Ley de la Ciencia y Tecnología, que se debatirá en breve en el Parlamento Español, lo consideran deficiente en cuanto al diseño de la carrera investigadora por los siguientes motivos: (1) se define un contrato de «Acceso al Sistema» de 5 años de duración, con evaluaciones que, en caso de superarse, conllevarían a un contrato laboral fijo; sin embargo, el actual borrador establece que esta evaluación tan sólo se considerará como un mérito más en los procesos selectivos de personal laboral fijo, sin garantías de que éstos puestos existan; (2) no elimina las becas de investigación en el sector privado y contempla que los sueldos de los investigadores puedan ser entre un 25% y 44% inferiores a los establecidos por Ley para trabajadores que realicen tareas similares; evidente circulación en dirección contraria de la dignificación social de las tareas de investigación; y (3) no regula las etapas postdoctorales iniciales dejándolas en una situación indefinida y precaria.
Como consecuencia, la plataforma Investigación Digna formada por más de 600 investigadores en España (incluyendo rectores de Universidad, directores de OPIs y de Institutos del CSIC), solicitan para España una carrera científica digna y clara. Y plantean una serie de reivindicaciones: (a) que se cumplan los compromisos adquiridos con los contratados RyC (Ramón y Cajal, programa del Ministerio de Ciencia e Innovación para incorporar investigadores doctores en los centros de I+D), mediante la creación de suficientes puestos de trabajo para los investigadores que una vez superadas las evaluaciones tengan la oportunidad de estabilizarse laboralmente; (b) que el recorte de presupuestos no afecte desproporcionadamente a la I+D y que se mantenga o aumente su porcentaje con respecto al PIB (un 3% en Europa); y (c) un pacto de Estado que permita planificar a largo plazo los recursos humanos y financieros en investigación definitivamente.
Con respecto al borrador de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, los científicos reclaman varias modificaciones: (1) que el nuevo contrato de Acceso al Sistema Español de Ciencia contemple la estabilización automática de los investigadores que superen las evaluaciones que se establezcan, teniendo en cuenta las necesidades de los Centros; (2) que se introduzca una disposición transitoria que establezca una equivalencia entre los actuales contratos RyC y los nuevos contratos de Acceso, teniendo en cuenta las etapas de evaluación ya superadas por los RyC; (3) la creación de las figuras contractuales necesarias para cubrir las etapas postdoctorales iniciales de una manera clara; (4) sustituir las becas del sistema, incluido el ámbito privado, por contratos; y (5) establecer que los sueldos de los investigadores sean, al menos, el mínimo exigido por ley para otros trabajos similares.
Como decía Einstein (1879-1955), «cada día sabemos más y entendemos menos». Rompamos la tendencia.
La sociedad pide más inversión en ciencia
La ciencia y tecnología ocupan el cuarto lugar (28,4%) entre las tres prioridades ciudadanas para aumentar el gasto público, un nivel similar a medio ambiente (31,0%), justicia (27,6%) o cultura (26,4 %), según la V Encuesta bienal de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología realizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La imagen social de la ciencia es positiva. Casi 6 de cada 10 personas consideran que sus beneficios son mayores que los perjuicios. La muestra revela además que desde 2008 ha crecido un 10% el número de personas que asocian el progreso científico al desarrollo económico, y un 20% quienes asocian estos avances al empleo. También se ha incrementado un 25% el porcentaje de personas que piensan que la ciencia contribuye a reducir la pobreza en el mundo.
