El fiscal ve indicios de apropiación de fondos de los damnificados y pide al juez un proceso penal

Teresa Albendín, Alzira
La Fiscalía ha solicitado al juzgado la apertura de diligencias de investigación penal por la presunta apropiación indebida de fondos de las asociaciones de damnificados Afiva y Apemeda. Tras la denuncia contra dos directivos de las entidades por supuestas irregularidades en el reparto del dinero público que recibieron las asociaciones, la Fiscalía abrió una investigación y ahora, tras concluir la misma, ha resuelto remitir el caso al juzgado para que se instruya un procedimiento penal al apreciar "indicios de delito", según confirmaron ayer a Levante-EMV desde la Fiscalía Provincial de Valencia.
El caso se ha remitido ya al Decanato de Alzira para que designe al juzgado que se encargará de la instrucción del proceso, según las mismas fuentes. Las cuentas de las asociaciones están bajo sospecha después de salir a la luz las grabaciones telefónicas realizadas por la mujer del presidente de Apemeda, Margarita Ull, quien grabó las conversaciones que mantuvo con el secretario de la entidad, Sergio Marín, entre septiembre y diciembre del año pasado. Las grabaciones telefónicas que desvelan presuntas anomalías en la gestión contable de las asociación fueron remitidas por Ull a la Fiscalía el pasado 19 de febrero junto a la denuncia que presentó contra el presidente de Apemeda, José Alapont, y el secretario, Sergio Marín. El Ministerio Público abrió investigación por un presunto delito de apropiación indebida y nombró un fiscal instructor del destacamento de Alzira. Tras sus diligencias, el representante del Ministerio Público aprecia la existencia de indicios delictivos y por ello solicita al juez la apertura del proceso penal. La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, ratificó hace unos días el dictamen emitido por la Fiscalía de Alzira.
Margarita Ull, en proceso de divorcio de Alapont, comenzó en septiembre del año pasado a grabar las conversiones que mantenía con Marín tras sospechar que podían existir presuntas irregularidades en el reparto de los fondos de los damnificados. Ull llegó a grabar más de 42 minutos de charlas. En ellas, Marín asegura a Ull que se repartieron 12.000 euros a cada uno de los 17 miembros de la junta directiva sin que esta decisión estuviera avalada por un acuerdo de la asamblea. A través de sus conversaciones, la mujer afirma que descubrió que Marín y Alapont se repartieron 132.000 euros cada uno.
Casi dos meses después de que saliese a la luz la polémica, el pasado 2 de abril se reunieron representantes de la junta directiva de las asociaciones y acordaron la realización de una auditoría para aclarar las cuentas y convocar con posterioridad una asamblea para disolver las entidades. Las asociaciones celebraron su última asamblea en mayo de 2002. El pasado 11 de abril, Alapont declaró a este periódico que había devuelto a la cuenta corriente de las asociaciones el dinero que durante los últimos años permanecía "escondido" para que quedara fuera del alcance de los abogados con los que mantenían una disputa por la minuta que se les debía abonar.