El PP denuncia la contratación ´ilegal´ de una empresa de servicios en Gandia

J. M. A., Gandia
"El alcalde de Gandia, Orengo, realiza contratos para el Ayuntamiento que son ilegales". Así lo denunciaba ayer el líder de los populares Arturo Torró, quien manifestaba en rueda de prensa que se están realizando contrataciones para prestación de servicios, donde las empresas que concurren están vinculadas entre sí, algo que es totalmente ilegal. Así, dos de las empresas que optaban a una adjudicación tienen el mismo gerente.
Torró se refiere concretamente a un contrato que hace referencia a una adjudicación a la empresa de servicios Quatre Fulles, destinada a un servicio de asistencia en el "programa de la coexistencia a la convivencia" dirigido especialmente al colectivo de inmigrantes. Según Torró, se vulnera la ley al estar dos empresas ligadas y la tercera mantener una relación con las anteriores.
Ante esto el concejal responsable de contratación, Alfred Boix, señalaba que Torró "no se entera de nada" y achacaba la denuncia al afán del PP "de encontrar cualquier cosa que huela a irregularidad en los ayuntamientos socialistas con tal de alejar a la opinión pública del caso Gürtel, que señala directamente a Francisco Camps y a Ricardo Costa".
Así, la tercera empresa de la que habla Torró aparece como enlace en la web de Quatre Fulles, mientras que la empresa presuntamente vinculada "en efecto tiene un mismo gerente, pero sus accionistas son diferentes. Es decir, no tienen nada que ver. De hecho, los responsables técnicos del departamento de contratación me han reiterado que todo el proceso de contratación es totalmente legal. Estamos ante una nueva cortina de humo del señor Torró".
Además, para Torró: "En estos contratos para prestación de servicios se está aumentando encubiertamente la plantilla de personal y se está supliendo puestos de trabajo que corresponderían a funcionarios", afirmó. Según el PP estas contrataciones suponen la creación de puestos de trabajo que corresponden a funcionarios, pero que desempeña personal contratado por la empresa concesionaria. Es decir, que"se está vulnerando el acceso a la función pública de cualquier ciudadano, así como el derecho que tienen los funcionarios de ascenso en su carrera funcionarial".
El líder popular ha denunciado también que "todo esto se ha pedido reiteradamente por escrito en el registro de entrada del ayuntamiento, sin tener respuesta. Así como también se denunció hace un año al Servicio de Inspección del Ministerio de Trabajo, que tampoco ha respondido".
Para el PP este tipo de contrataciones "es totalmente ilegal, ya que la ley dice que no se puede realizar una cesión ilegal de trabajadores" y además se está "ninguneando" a los funcionarios del Ayuntamiento de Gandia, y se los está sustituyendo por personas contratadas por esta empresa afines al gobierno local.