V. Salinas, Castelló
El último en dar su opinión al respecto del proceso judicial por el caso de la grúa de Burriana ha sido el propio presidente provincial del Partido Popular y presidente de la Diputación de Castelló. En una comparecencia realizada ayer para presentar el convenio de la Diputación con el FIB y, preguntado por los periodistas, Fabra aseguró que el que no haya actuado "de manera correcta que asuma la responsabilidad que tenga que asumir" y que, en este sentido, el proceso iba a afectar "a las personas que tenga que afectar y a profesionales que tienen que cumplir con sus obligaciones y nada más y el que no haya actuado correctamente que asuma la responsabilidad que tenga que asumir".
Aseguró que él tenía "cosas más importantes de las que preocuparme en esta provincia que si a cuatro ancianos les han quitado la multa de la grúa o no. No sé las multas que se quitan en España ni las que se quitan en el Ayuntamiento de Madrid o si se quitan o no, no lo sé, pero no es mi tema. No me preocupaba ni cuando era concejal de Policía... me voy a preocupar ahora".
Mientras, el ex alcalde de Burriana y actual senador territorial por el PP, Alfonso Ferrada, compareció ayer en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Vila-real, para declarar en calidad de testigo en la investigación que se está llevando a cabo sobre las presuntas condonaciones del pago de las tasas de la grúa a familiares y amigos por parte de dos ediles del PP, Francisco Isach y Juan Granell y sobre el funcionamiento del servicio de gestión de multas durante los últimos años.
Al término de la declaración, Ferrada asegurando que todo había "ido bien" y rompiendo una lanza a favor de los funcionarios municipales y los miembros de la Policía Local que, de forma paralela se estaban viendo afectados por las diligencias de investigación. Así, después de que se archivara la imputación sobre dos de los inspectores de la policía, ayer fueron a declarar como testigos, el intendente jefe de la policía (que fue intendente principal durante el último mandato de Ferrada) y tres miembros del área de Intervención, entre ellos su máxima responsable además de una trabajadora del área de sanciones.
Ferrada aseguró de ellos que eran "grandes profesionales". El senador aseguró que tras el cierre del proceso se debería resarcir a los trabajadores "con un reconocimiento público tanto a los funcionarios como a la policía local".