S. S., Gandia
La extracción de 200.000 metros cúbicos de arena de la playa de Gandia para regenerar las del sur de la Safor ha acabado generando un conflicto entre los departamentos de Medio Ambiente del Gobierno de España y de la Generalitat. Ayer, el PP de Gandia reveló que el pasado martes la Generalitat decidió abrir un expediente sancionador a la empresa que ejecuta esos trabajos y, paralelamente, ha ordenado la inmediata paralización de las obras, iniciadas el pasado mes de enero y que están a sólo quince días de concluir. Ambas resoluciones están firmadas por la directora general de Territorio y Paisaje, Aránzazu Muñoz.
Para tomar esas drásticas medidas, la Generalitat argumenta que la extracción de arena está afectando a dos espacios protegidos. Por una parte las dunas de la playa de l'Ahuir y, por otra, la zona húmeda de la desembocadura del río Vaca, en el límite de los términos de Gandia y Xeraco. El Ministerio de Medio Ambiente, en cambio, niega esa acusación y asegura que las zonas protegidas están valladas y fueron regeneradas en su día con una inversión superior a los seiscientos mil euros.
Carla Ripoll, concejala del PP de Gandia, indicó ayer, al revelar el expediente sancionador y la orden de paralizar la extracción de arena, que este proyecto se ha llevado a cabo "incumpliendo la ley en materia de medio ambiente", y criticó al Gobierno local que dirige el alcalde Orengo por no haber paralizado las obras pese a haberlo solicitado el PP.
Por su parte, la jefa de la Demarcación de Costas de Valencia, Lidia Pérez, señaló que el Ministerio de Medio Ambiente no ha recibido ni el expediente sancionador ni la orden de paralización. Pérez mostró su extrañeza por enterarse de resoluciones de esa trascendencia a través de Levante-EMV, y recordó que, si la Generalitat realmente quiere paralizar los trabajos, "podría haberlo hecho presentándose en el lugar donde tiene lugar la extracción de arena", algo que no ha ocurrido. Ayer, las obras seguían en marcha.
Costas desmiente al Consell
La concejala del PP Carla Ripoll insistió ayer, después de hablar con responsables de la Conselleria de Medio Ambiente, en asegurar que el Gobierno de España no ha respondido a los requerimientos de la Generalitat sobre la posible invasión de la zona protegida de las Dunas de la Safor. Ripoll aseguró que la respuesta del ministerio a los dos informes del Consell sobre la posible comisión de un delito ambiental en la extracción de arena ha sido "el silencio absoluto".
La jefa de la Demarcación de Costas de Valencia, sin embargo, desmintió categóricamente a Ripoll y a sus interlocutores en la Generalitat porque, a preguntas de este periódico, remitió el documento que la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Gobierno de España, Alicia Paz, envió el pasado 14 de abril a la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat. En ese escrito, el ministerio reitera que la zona de extracción de arena "no está ubicada dentro de la zona protegida de las Dunas de la Safor", un espacio "que está vallado para su protección". Además, el acceso habilitado para el paso de maquinaria es el habitualmente usado por Costas y el Ayuntamiento, por lo que, a su entender, no ve razón alguna para paralizar el trasvase de arena.