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EFE La juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules ha incoado un procedimiento abreviado para investigar un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos por la supuesta instalación de una cámara oculta en el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, del que podría ser autor el ex alcalde Josep Tur, del PSPV-PSOE.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, también podrían ser autores de estos hechos María Dolores Algar Bravo, Ángel Jiménez Girón, Vicente Casanova Forner y Gregorio López Babi.
Esta decisión de la juez instructora implica que se da traslado del resultado de todas las investigaciones a la Fiscalía y después a las acusaciones personadas, para que en el plazo de diez días pidan la apertura de juicio oral -y en este caso formulen escrito de acusación-, o el sobreseimiento de la causa.
Este plazo servirá también para solicitar, de forma excepcional, diligencias complementarias.
La causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules se inició para investigar la supuesta instalación de una cámara de grabación en las dependencias del Ayuntamiento de La Vall d'Uxó para descubrir secretos de terceros sin su consentimiento.
En mayo de 2008, la Fiscalía Provincial de Castellón propuso la presentación de una denuncia contra Tur y otros cargos del Ayuntamiento por considerar que existen indicios de delito en la presunta colocación de una cámara oculta en la entrada del Consistorio.
La concejala de Interior, Elena Vicente-Ruiz, explicó entonces que la Fiscalía propone presentar una denuncia contra la actuación de Tur y de los entonces jefes de la Policía Local y del departamento de informática, así como del Oficial Mayor del Ayuntamiento.
Vicente-Ruiz señaló que cuando el PP accedió al Gobierno municipal, en mayo de 2007, le llegó el rumor de que en la entrada del Ayuntamiento había instalada una cámara oculta, por lo que ordenó desmontar un reloj situado en una de las paredes y encontró "evidencias de que el reloj había sido manipulado", si bien la cámara no se encontraba allí.
Según la concejala, el dispositivo estaba orientado hacia el despacho del oficial mayor del Ayuntamiento, donde presuntamente estaba instalada la grabadora.
Cuando apareció la cámara, el equipo de Gobierno encabezado por Isabel Bonig abrió un expediente averiguatorio que concluyó que sí que existió una cámara, que fue utilizada "noche y día" durante dos años.
Según la concejala de Interior, el PP puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que en mayo de 2008 propuso que se presentara una denuncia ante el juzgado de Nules por este caso.
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