Dependientes de una ley

TERESA JUAN-MOMPÓ ALZIRA El día a día de muchas familias depende de una ley. La Ley de la Dependencia vino a finales de 2006 a iluminar el final del túnel para muchas familias con mayores o menores, discapacitados o enfermos a su cargo. El reconocimiento de su esfuerzo (presupuesto por tratarse de familiares), el reconocimiento, también, de la discapacidad, del grado de dependencia y de las diferentes necesidades de asistencia. Un reconocimiento que, sin embargo, parece no haber alcanzado aún a los dependientes valencianos. Tampoco a los de la Ribera.
Amparo Langa ha cumplido este mismo mes dos años de espera. El 10 de mayo de 2007 presentó los papeles. "Me han aprobado la ayuda, pero todavía no me ha llegado ni un euro". Amparo y su hermano Ricardo cuidan a su hermana, Montse, que tiene 39 años y sufre parálisis cerebral. También asisten a sus padres, de 82 y 79 años. "Yo trabajo poquito, sólo 4 horas al día", comenta Amparo. El resto de la jornada es para su familia. "Es desesperante. Estoy así toda la vida". Amparo cuenta que Montse "no ha recibido ninguna ayuda en sus 39 años de vida". Ahora ella, y su hermano, suplican asistencia: "No he pedido nunca, pero ahora sí porque me encuentro cansada. Lo necesito de verdad".
A Encarna le han concedido una ayuda que ya tenía. "Me han dado una plaza en el centro ocupacional para mi hijo. Una plaza de la que disfruta desde hace 3 años. Lo que yo necesito es ayuda en casa", replica. Encarna Casany es madre de Miguel Ángel y Carlos, dos "grandes dependientes" (como los clasifica la ley) a consecuencia del síndrome X-frágil que padecen. Tienen 23 y 15 años y ambos necesitan de la ayuda de una persona para vivir. También su madre precisa de la ayuda de otra persona para poder atenderles y, por eso, solicitó ayuda asistencial en casa. La Conselleria de Bienestar Social, sin embargo, "hizo la trampa", como Encarna explica, y le asignó como contraprestación una plaza en un centro ocupacional, que su hijo tiene concedida desde 2006.
El sacrificio que hacen los familiares de los discapacitados para suplir lo que no reciben de la Administración es tremendo y acaba desesperando. "Pagaría porque mi hija no fuera dependiente. Pero lo es, y pido que me den lo que la ley me reconoce", exige Inma Cortell. Madre de una adolescente con un retraso mental no tipificado que es hiperactiva y tiene problemas de conducta, espera desde octubre de 2007 a que valoren a su hija para darle ayuda. "Me han perdido 3 veces una fotocopia. Están jugando con nosotros", exclama indignada. Y añade: "Esto no es una cuestión de partidos políticos, es una ley, son derechos. Y hay que cumplir".
También Casimiro Gil critica que se politice la ley, que se "sabotee" y que se juegue "con la vida de la gente". Él y su mujer atienden a su cuñado, José Francisco Gil, de 55 años e inválido desde que hace 11 años lo atropellara un coche. "Estamos atados las 24 horas del día durante once años. No tenemos independencia". Este gallego que vino a Alzira para encargarse de su cuñado no ve bien que "se dé dinero a las regatas, la Fórmula 1... y no haya fondos para los discapacitados". Una idea que comparte con Serafín, quien cree que "lo primero son las necesidades sociales". Padre de un niño autista de 9 años, está ahora en pleno proceso de tramitación de las ayudas. El testimonio de conocidos y amigos, con quienes comparte su pertenencia a la Plataforma de la Ribera en defensa de la Ley de dependencia, le ha puesto sobre aviso y, por eso, ve necesario el colectivo comarcal: "La mejor manera de conseguir que la ley se aplique como corresponde es uniéndonos, para exigir a la Administración que cumpla".
Nace la Plataforma de la Ribera para exigir que lleguen las ayudas
Unas 40 personas asistieron ayer a la constitución de la Plataforma de la Ribera en defensa de la Ley de dependencia. Los principales sindicatos y asociaciones de discapacitados de la comarca se integran en este colectivo, a través del cual las familias con dependientes quieren informar a otros afectados de sus derechos y hacer seguimiento de la tramitación de los procesos ya abiertos.
La plataforma actuará como punto de información, paliando el vacío de la Administración valenciana, a través de reuniones y sesiones individualizadas. También tratará de agilizar la resolución de expedientes y denunciará el silencio y la desatención.