La promesa del equipo de gobierno del PP de Ontinyent de "dar una solución definitiva" a la problemática del diseminado de Ontinyent se ha concretado ahora en una orden de demolición de cuatro viviendas unifamiliares. Las cuatro, que fueron iniciadas en 2005 sin licencia y en suelo "urbanizable sin desarrollo", están "totalmente finalizadas y en uso", según recoge el edicto del Ayuntamiento de Ontinyent publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. El gobierno de Lina Insa ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía de Medio Ambiente advirtiera de que se podía cometer un posible delito de prevaricación si se dejaban prescribir las infracciones.
La investigación de la fiscalía se inició al conocer que la mayoría absoluta del PP había decidido en un pleno dar por caducados 61 expedientes urbanísticos de entre los años 2004 y 2007. La pretensión del equipo de gobierno del PP, como denunció la oposición, era escenificar ante los afectados que con este acto se legalizaban las construcciones: "fue un error -reconocen-, porque permitió que el fiscal se enterara de un acto administrativo que en otros sitios se soluciona en un despacho".
El propio fiscal, que abrió diligencias penales contra la alcaldesa Linsa Insa, puso a Ontinyent como "ejemplo" de que cómo los ayuntamientos archivan los expedientes a la espera "pasar el tiempo de prescripción", establecido en cuatro años. La Fiscalía recriminó al concejal de Urbanismo que dijera que era "una promesa electoral" y le advirtió de que incurriría en un delito de prevaricación. La reacción del equipo de gobierno del PP de Ontinyent fue iniciar la reapertura de la mayoría de expedientes. Se da la circunstancia de que los expedientes de los cuatro chalés afectados por la orden de demolición prescribían ahora. Estas cuatro viviendas unifamiliares están ubicadas en los paraje de la Ponceta (3) y Casa Calvo (1).
El ayuntamiento da un plazo máximo de dos meses para derribarlos o de lo contrario el ayuntamiento demolerá las obras de manera "subsidiaria". La resolución también recoge que las obras ejecutadas no pueden ser legalizadas, según la Ley Urbanística Valenciana.
Los afectados jalearon la "solución" del PP
La Associació en Defensa de les Casetes d'Ontinyent, Adeca, confió en la "solución" del equipo de gobierno del PP, aunque posiblemente no se esperaba que dicha "solución definitiva" supusiera la orden de demolición de algunas de las edificaciones construidas en el diseminado. Hasta la fecha, el actual gobierno del PP y el anterior, formado por el tripartito -PSPV, Bloc y Entesa-, habían abierto expedientes urbanísticos, pero en ningún caso habían firmado órdenes de demolición, como sí se ha producido ahora. Las cuatro resoluciones, que han trascendido al no haber podido notificarlas el consistorio a los propietarios afectados, son las primeras que se conocen de órdenes de derribo.
Al pleno del 30 de octubre acudieron vecinos del diseminado y representantes de Adeca, entre ellos el presidente de la asociación, Víctor Márquez, que agradeció al equipo de gobierno de Insa que "atajara el problema" que se originó, según señaló, por la decisión "arbitraria" del tripartito y que afectó "sólo a unos vecinos". Adeca confió en que los expedientes prescribieran antes de llegar a la demolición. levante-emv ontinyent
