EUROCOPA

La acusación cree probado que un edil de Calp ganó 300.000 euros con un ´pelotazo´ urbanístico

El tío del entonces concejal de EU compró por 60.000 euros un terreno y días después lo cedió al ayuntamiento a cambio de derechos urbanísticos que le reportaron una ganancia de 360.000 euros

 

A. P. F. CALP El juicio contra Manuel Roura, que fue concejal de Esquerra Unida en Calp hasta 2003, y contra su tío José María García Guijosa, imputados ambos por tráfico de influencias, uso de información privilegiada y negociación prohibida a los funcionarios, quedó ayer visto para sentencia en Benidorm. El fiscal y el abogado de la acusación consideraron probado que Manuel Roura utilizó a su tío José María García como testaferro para comprar el terreno de la Serra d'Oltà que el ayuntamiento debía luego adquirir para que Iberdrola construyera la subestación eléctrica. El tío de Roura compró el terreno por 10 millones de pesetas a Vicente Tur, un anciano de 87 años. Luego, firmó un convenio con el entonces alcalde, Javier Morató, del PP, que supuso la cesión de la finca al consistorio por 4.835 unidades de aprovechamiento. Meses después, García, como administrador de Hariolus Europa, que, según la acusación y el fiscal, era "una empresa pantalla" creada exclusivamente para esta operación urbanística, vendió las unidades de aprovechamiento a otra mercantil por 60 millones de pesetas (360.607 euros). Por tanto, el beneficio fue de 300.000 euros.
La defensa de los dos acusados (Roura, que es abogado, se defendió a sí mismo) pidió la libre absolución.
El ministerio fiscal consideró que el principal responsable de este "amaño" urbanístico fue Roura, que utilizó a su familiar "como mero instrumento" y se aprovechó de haber participado en 1998, como concejal de Servicios Técnicos (entonces gobernaba con el PP) en la homologación del PGOU que reservó esos terrenos de Oltà para la subestación.
El fiscal sostuvo que el entonces edil de EU "se aprovechó de su información privilegiada para ir a la caza del hombre vulnerable", en referencia al anciano de 87 años. También advirtió de "permisividad" del resto de ediles, pues algunos sí que sabían del parentesco de Roura y del empresario que se iba a beneficiar del convenio urbanístico.
Mientras, el abogado de la acusación dedujo que Roura vio "una oportunidad de pelotazo" en la necesidad de Calp de construir la subestación y en el hecho de saber cuáles eran los terrenos idóneos. El edil, apuntó este letrado, "urdió el plan para obtener un beneficio ilícito".
Tanto la acusación como el fiscal insistieron en que durante tres años Roura y su entonces esposa figuraron como propietarios de Hariolus Europa. El ahora ex edil y José María García alegaron que fue un error del gestor. Ambos afirmaron que Roura nunca ha estado vinculado a esta mercantil. Eso sí, García admitió que su sobrino conocía la compra del terreno de Oltà, pues redactó el contrato y se firmó en su despacho. "Mi sobrino me lleva el papeleo", dijo, y luego, sin embargo, insistió en que no han hecho ningún negocio a medias: "Su bolsillo es el suyo y el mío, el mío". Cuando a este empresario de la construcción se le preguntó sobre la prisa por adquirir la finca de Oltà, contestó que en aquellos años "había que correr para comprar algo bueno".
Desfile de ediles y el testimonio del anciano que vendió la parcela

El juicio se hizo eterno y menos mal que el juez vio claro que todos los concejales y ex ediles que estaban citados por Roura a declarar ya no iban a aportar gran cosa. El ex concejal de EU había llamado como testigos a prácticamente todos los concejales de 1999 para que acreditaran que él no los presionó para que aprobaran en el pleno el convenio urbanístico a favor de su tío. El juez consideró que con la declaración de uno de ellos había bastante y el elegido fue Moisés Vicens, quien entonces era portavoz del PP. Por tanto, se quedaron sin intervenir, entre otros, los concejales del PP Juan Roselló, Linda Townsend, Fernando Penella o Manuel Alonso, el actual portavoz del PSD, Antonio Romera, y el socialista Juan Yuste. Los que sí que declararon fueron el alcalde en 1999, Javier Morató, que ahora es primer teniente de alcalde, y el que también entonces era edil de Urbanismo, José Perles.
También participó en el juicio Vicente Tur, quien a sus 97 años rememoró que hace diez el precio de diez millones por el que vendió su terreno al tío de Roura lo puso él mismo.

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