RAMÓN PARDO CASTELLÓ
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En medio de la polémica surgida tras la decisión de la fiscalía de Castelló de pedir al juzgado de Vinaròs que impute a los 13 concejales de Alcalà de Xivert, donde gobierna en mayoría el PP, por un presunto delito de prevaricación urbanística al aprobar una unidad de ejecución en el entorno de Capicorb, en terreno protegido y sin infraestructuras, los concejales del grupo socialista se desmarcaron ayer de cualquier actuación irregular, aduciendo que votaron las bases de ejecución del PAI en base a los informes técnicos.
"Siempre hemos apoyado el desarrollo del sector P-23 por considerarlo un proyecto necesario y positivo para los intereses generales de la localidad, tanto para impulsar el desarrollo urbanístico como para garantizar el futuro económico que genera el incremento de población", reiteran en un comunicado hecho público ayer.
"Si finalmente hemos de acudir al juzgado a declarar, colaboraremos con la justicia respondiendo a todas las preguntas y facilitando toda la información requerida", añaden en la nota.
Cabe recordar que anteayer el secretario de Organización del PSPV, Francisco Valverde, reclamó a los concejales de Alcalà, toda la documentación para analizar el tema y la actuación de los ediles.
El PP de Alcalà recalca que los acuerdos se adoptaron por unanimidad y que "es falso que exista imputación alguna. La Fiscalía sólo ha dado traslado de las investigaciones sobre la denuncia, pero será el juzgado quien decida los pasos a dar", según informa Europa Press.
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