Cinco ediles de Castalla (Alicante) han presentado una querella criminal contra el alcalde del municipio, el popular José Luis Prats, por un presunto delito de cohecho al otorgar licencias de obra a cambio de filiaciones al partido y otro por apropiación indebida de las cuotas de esas filiaciones.
La querella, a la que ha tenido acceso EFE, fue presentada el pasado 17 de agosto en el juzgado de Ibi (Alicante) "en nombre y representación del Partido Popular Asamblea Local de Castalla".
Entre los querellantes, según el escrito de denuncia, figuran el ex alcalde de Castalla y presidente local del PP, Juan Rico Rico, y el vocal de la comisión ejecutiva local Juan Antonio Rico Mira.
"El querellado -alcalde de la localidad-, a cambio de cientos de filiaciones al partido por parte de vecinos" de una urbanización, al parecer todos extranjeros, otorgó "licencias de obras que durante tiempo no se dieron o estuvieron paralizadas por su presunta ilegalidad", recoge textualmente la denuncia.
El objetivo de estas filiaciones, según la querella, sería "obtener el posterior voto" de los nuevos militantes en los comicios internos que el PP celebrará próximamente a la Presidencia de la Asamblea Local, a la que, según los denunciantes, optará el alcalde.
La querella refleja que en las últimas semanas se han otorgado "extrañamente" un número de licencias de obras superior a las que se concedían con anterioridad a los vecinos de la urbanización Castalla Internacional.
"Parece evidente que muchas licencias de obra menor se otorgaron tres semanas antes de que la sede provincial del PP recibiera 234 afiliaciones nuevas el pasado 31 de julio", ha indicado a Efe el portavoz de los querellantes, Juan Antonio Rico , quien ha añadido que los nuevos militantes son todos extranjeros y todos jubilados.
A modo de ejemplo, los querellantes citan obras relacionadas con la construcción de piscinas cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no permite este tipo de instalaciones en esta urbanización.
Por lo que respecta al presunto delito de apropiación indebida, la querella sostiene que el importe de las cuotas de filiación (10 euros) no han sido ingresadas en las arcas del PP y cifra "en más de 2.000 euros lo indebidamente apropiado".
"A la sede local nos ha llegado copia de las nuevas afiliaciones, pero el tesorero local no ha recibido aún el dinero de las cuotas, y de eso ya ha pasado un mes", ha explicado Rico.
El escrito presentado adjunta fichas de filiación y actas de sesiones de las juntas de gobierno, entre otros documentos.
Rico ha rechazado que la presentación de la denuncia se enmarque en discrepancias o movimientos internos en el seno del PP de Castalla por el control de la agrupación local.
