TERESA JUAN-MOMPÓ ALZIRA
El que la sigue, la consigue. Más de dos años de recursos, petición de informes y revisión de expedientes han dado, al fin, su fruto. La oposición de Antella, formada por PSPV-PSOE y Gent d'Antella, ha conseguido anular la adjudicación del contrato de gestión del quiosco-bar del azud al marido de la alcaldesa, Mª Isabel Giménez (PP). El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC) considera que la adjudicación, realizada definitivamente en marzo de 2006, es nula de pleno derecho porque "concurre incompatibilidad para contratar al ser el contratista cónyuge de la alcaldesa". El Consell Jurídic, que la mayoría de las veces ofrece resoluciones no vinculantes, en el caso de Antella presenta un dictamen obstativo que coincide con el criterio alegado por los dos partidos de la oposición "en la existencia de nulidad de pleno derecho". En este sentido, el dictamen autoriza al consistorio a ejercer la revisión de oficio de la adjudicación, una facultad que la corporación ejercitó ayer y, con los cuatro votos a favor de los regidores del PSPV-PSOE y de GdA, declaró de oficio la nulidad de pleno derecho del acuerdo plenario del 11 de marzo de 2006, por el que se adjudicó la gestión del bar del azud al marido de la alcaldesa.
Ni la primera edil, de sus vacaciones, ni su hijo, edil de Urbanismo, acudieron al pleno, convocada a instancias de la oposición. Estas ausencias, a las que cabe sumar la baja aún no cubierta de un edil del PP, dejó a este partido -que ostenta el gobierno local- en franca minoría.
El Consell Jurídic no ha aceptado, sin embargo, otros argumentos esgrimidos por la oposición para cuestionar la vigencia del contrato con el esposo de la alcaldesa, como la falta de las licencias necesarias para el funcionamiento de la actividad -carecía de licencia de obra y de actividad- porque, según reseña el dictamen, aunque "efectivamente consta que el quiosco funcionó sin las licencias necesarias hasta el 17 de abril de 2008, fecha en que se concede licencia de apertura y funcionamiento de establecimientos para actividad inocua", esto "constituiría un incumplimiento contractual que sería causa de la resolución del contrato [...] pero no causa de nulidad de la adjudicación del contrato".
Tampoco admite como razón de nulidad el hecho de que el contratista no se halle al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Ya que, según describe, "consta en el expediente certificado sobre el impuesto de Actividades Económicas desde el 9 de junio de 2008 hasta diciembre de 2008, y de las bases de cotización en regímenes especiales remitidas a la Tesorería General de la Seguridad Social desde junio de 2008 hasta diciembre de 2008".
La oposición pedirá al Fiscal que investigue si Giménez ha incurrido en prevaricación
Cerrar un ciclo para abrir otro. Eso es lo que perseguían los regidores de la oposición que ayer, tras declarar nula la adjudicación de la gestión del bar del azud basándose en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC), anunciaron que iban a poner en manos de la Fiscalía todo el historial de actuaciones de la alcaldesa de Antella, Mª Isabel Giménez, durante los más de dos años en los que, tras advertir una serie de irregularidades en la contrata, los concejales han intentado conseguir la revisión de oficio de esta adjudicación, por si este proceder puede presentar indicios de delito.
Según denuncian, la máxima autoridad local ha persistido en mantener la actividad del quiosco-bar del azud "a sabiendas de que carecía de las pertinentes licencias", y también ha "tratado de frenar" los intentos de la oposición por revisar de oficio la adjudicación tras denunciar las posibles causas de incompatibilidad en que incurría el marido de la primer edil. Como informó Levante-EMV en diciembre de 2007, la secretaria municipal pedía a Giménez el cierre "inminente" del quiosco-bar del azud, que gestiona su marido, por tratarse de una "actividad ilegal" que carece de licencias de instalación, actividad y funcionamiento; mientras que otro técnico municipal alertaba a la alcaldesa de la denegación de la licencia de actividad por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, un "hecho que impide igualmente su funcionamiento", indicaba el perito.
Pese a estas advertencias, la munícipe ha persistido en sus intentos por rebrir la cantina, cuya prórroga fue rechazada en diciembre de 2007 por los dos partidos de la oposición.
