R. G. XÀTIVA
"La crisis económica" es el argumento central de los responsables de cuatro empresas de Xàtiva que han pedido que el ayuntamiento del popular Alfonso Rus les permita incumplir parte de las condiciones con las que se les adjudicaron por concurso público unas parcelas municipales en diciembre de 2005. Los representantes de las mercantiles aducen, cuatro años después de recibir la propiedad de las parcelas, que existe ahora una "imposibilidad material" de atender sus obligaciones de construir naves industriales y de crear puestos de trabajo dada las "circunstancias de crisis económica", añaden.
Hasta el momento, ninguna de las cuatro empresas que se quedaron las parcelas municipales de los sectores la Vila y Meses, en diciembre de 2005, han cumplido la totalidad de su oferta. Cuatro años después, la única empresa que asegura haber creado el empleo indefinido que proponía es Peris Segrelles, SL, pero no en las naves que debía haber construido, sino por mediación de mercantil Embalajes Ecológicos Transpack, SL, con quien concurrió a la licitación. Por su parte, Decoratrés, SL, ha construido una nave industrial en el sector Meses, pero no ha acreditado los empleos prometidos, mientras que ni La Vila, CB, ni Hermanos Vidal Alventosa, SL, han acreditado la construcción de las naves y tampoco que hayan creado empleo indefinido como se comprometió en 2005, en plena expansión económica.
El Ayuntamiento de Xàtiva decidió enajenar las parcelas mediante un concurso en lugar de una subasta. Se quería "fidelizar el tejido empresarial setabense" y evitar "intervenciones inflacionistas sobre el mercado del suelo", según fuentes municipales. Como se indica en el informe de los servicios jurídicos, la mesa de contratación tuvo en cuenta, no la oferta económica más ventajosa, sino las mejoras planteadas por los litigantes, como la creación de empleo y la construcción de naves industriales para crear nuevas actividades o ampliación de las propias de los litigantes. El equipo de gobierno del PP de Xàtiva ha decidido modificar el contrato y ampliar en cinco años más el plazo para que estas empresas cumplan con sus obligaciones, tanto de creación de empleo como de construcción de naves industriales. De este modo, las adjudicatarias tendrán casi diez años para dar cumplimiento a los compromisos que adquirieron cuando pujaron por las citadas parcelas municipales.