El juez investiga la construcción de tres casales en Silla en zonas verdes y con fondos públicos

MÓNICA ROS SILLA El juzgado número 2 de Valencia está investigando la construcción de casales falleros en tres zonas zonas verdes de Silla: el parc de les Eres, el de l'Estació y el de l'Alteró. La investigación se está llevando a cabo tras la denuncia interpuesta por Els Verds. El proyecto del alcalde socialista, Francesc Baixauli, está financiado con fondos públicos - una partida de 600.000 euros, procedente del Plan Estatal de Inversión-. Sin embargo, las obras no han comenzado y el portavoz de Els Verds, Antonio Navarro, teme que, por la "incompetencia del alcalde Baixauli, perdamos la subvención".
Tras el anuncio del proyecto, y desde el primer momento, Navarro dudó de su legalidad. En primer lugar, porque la ubicación elegida para los casales falleros son tres zonas verdes del municipio, según el PGOU. Es más, uno de ellos, donde se ubicará la comisión el Mercat, está previsto en el parc l'Estació, un punto ya consolidado desde los años 60 y que es zona de afectación de Renfe. Por ello, el ayuntamiento necesita una autorización especial, que no ha llegado.
Por otra parte, Antonio Navarro denunció que, con fondos públicos, se iban a construir tres recintos para las fallas (entidades privadas). "Me parece bien que el alcalde lo haga, porque tiene una deuda con las fallas, tras dejarles sin recinto para las presentaciones, pero no debe hacerlo ni en zonas verdes ni con dinero público que está destinado a otros menesteres". De hecho, el proyecto presentado y aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero habla de la construcción de centros cívicos para uso recreativo, lo que la formación ecologista califica de "fraude de ley".
El portavoz de Els Verds, Antonio Navarro, instó a la delegación del Gobierno a que paralizara el proyecto de construcción de los tres casales "para no perder la subvención de 600.000 euros, es decir, cien millones de las antiguas pesetas, por incumplir los plazos ya que el proyecto no es legal". Sin embargo, delegación del Gobierno autorizó el proyecto, que debe estar finalizado en diciembre, a pesar de que el Gobierno central prevé una moratoria en algunos casos.