La sentencia anima a otros municipios

RAMÓN PARDO CASTELLÓ La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid obligando al Estado a reintegrar 537.000 euros del IBI de la autopista AP 7 al consistorio de Vila-real ha animado al resto de ayuntamientos por los que discurre esta vía rápida en la provincia a iniciar procedimientos similares, en los casos en que no lo habían hecho hasta ahora. Otros, sin embargo, esperan que la resolución final a los contenciosos presentados siga el mismo camino de la vila-realense. Así desde Almenara a Benicarló sus gobernantes se van a poner en marcha para registrar las demandas en el alto tribunal madrileño y reclamar el impuesto de los últimos 4 años y que pueden oscilar entre los 500.000 y los 200.000 euros.

Empresa privada
Los fallos del TSJ madrileño mantienen una línea jurisprudencial que deja claro que ninguna empresa privada puede librarse de abonar el impuesto de bienes inmuebles, como si fuera una administración pública, porque en el caso castellonense, Aumar no es la administración. Por ello, el tribunal condena al Estado a compensar a los municipios por las cantidades que no percibieron, porque, mantiene, que esta bonificación lesiona los principios de suficiencia financiera y autonomía local. Algo que deja claro en los múltiples contenciosos resueltos y que afectan a varias provincias.
A la vista de estas resoluciones judiciales, que pueden ser recurridas en casación por el Estado, los alcaldes de Almenara, Moncofa, Castelló, Benicarló, Cabanes o Peñíscola han anunciado que seguirán los pasos de Vila-real. Otros, como les Alqueries u Orpesa afirman que están percibiendo ese impuesto, aunque no precisaron en qué cuantía. En el caso de Alcalà, a cuyo consistorio el TSJ le reconoció 800.000 euros, está a la espera de que se resuelva el recurso de casación presentado por el Estado.
Los ayuntamientos restantes se reflejan en los casos de Vila-real o Alcalà que han visto reconocidos su derecho a exigir el pago del IBI a la concesionaria de la autopista.