S. S. GANDIA
El Juzgado de lo Social número 16 de Valencia ha anulado, por ser contrario a derecho, una parte del plan de austeridad que el gobierno local de Oliva, formado por PSOE y Bloc, aprobó sin el consenso de los sindicatos y del resto de formaciones políticas.
La sentencia deja sin efecto cuatro de las medidas aprobadas al considerar, como argumentaban el Comité de Empresa y CC OO, que presentaron la demanda, que suponían una vulneración unilateral del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Oliva.
En concreto, la resolución judicial obliga al consistorio a mantener el fondo para subvenciones médico sanitarias al personal laboral, a pagar las horas extras en metálico y no con jornadas libres, a poner seis mil euros para el Plan de Formación y a retribuir debidamente la realización de funciones de superior categoría.
Esta sentencia afecta a entre 110 y 120 trabajadores que forman la plantilla de personal laboral del ayuntamiento, y obliga al Gobierno local a tener que poner unos 20.000 euros al año para restituir las condiciones que retiró al conjunto de esos trabajadores.
Además, está en marcha un contencioso interpuesto por UGT, CC OO y CSI·F que exige la restitución de estas mismas medidas para el personal funcionario, lo que obligaría, en caso de idéntica resolución judicial, a tener que reponer los cerca de 25.000 euros anuales que el ayuntamiento pretende ahorrarse.