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A. P. F. DÉNIA
El alcalde de Parcent, Máximo Revilla, y los cuatro concejales de su equipo de gobierno, todos ellos de Coalició Democràtica de Parcent, así como el secretario municipal, declararon ayer en el juzgado número 5 de Dénia por la querella que contra ellos ha presentado la mercantil Terras de l'Horta, S. L., que aspira a construir 1.423 viviendas en plena montaña de este municipio del interior de la Marina Alta. Los cinco ediles llegaron al juzgado poco antes de las 11 horas. Allí les esperaban unas cien personas, convocadas por Abusos Urbanísticos No. "Apoyamos la democracia, la justicia y la sostenibilidad", se leía en la pancarta que desplegaron. Recibieron a los concejales con un cerrado aplauso. "Esta denuncia es un truco de la urbanizadora para asustar y hacer presión a una corporación elegida por mayoría absoluta", manifestó el presidente de Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent. "Estos concejales defienden el interés general y no están en política ni para ganar dinero ni para eternizarse", añadió.
El primero en declarar ante el juez fue el alcalde, Máximo Revilla, que salió del juzgado para agradecer a todas las personas que acudieron a la concentración su apoyo. Revilla aseguró al juez que su equipo de gobierno ha cumplido en todo momento la legalidad. "Hemos actuado en defensa de los intereses generales. Creemos que lo que hemos hecho es legal y no hemos cometido ningún delito", dijo tras su declaración. "Ahora es la justicia la que debe decidir", dijo ayer Revilla, quien se confesó "emocionado" por el apoyo del centenar de manifestantes. El alcalde aseguró que los ediles denunciados no querían que se hiciera la concentración, pero "la gente del pueblo cree una barbaridad" la querella de la promotora.
El concejal de Urbanismo, Joan Carles Poquet, reiteró las mismas palabras que el alcalde. "Tenemos claro que hemos actuado conforme a la ley y en beneficio del interés general. Confiamos en la justicia y en que más pronto o más tarde resuelva este asunto". Poquet indicó que respondieron a las preguntas del juez y sus abogados, pero no a las de la acusación -la promotora-, porque "trata de instrumentalizar un procedimiento penal para presionar y coaccionar a la corporación municipal con la finalidad de obtener un lucro económico".
La promotora denunció al gobierno de Parcent por, supuestamente, paralizar la tramitación de los PAI. Sin embargo, Revilla y sus ediles siempre han rechazado este extremo.
El alcalde sí que recordó ayer que, tras ganar su partido por mayoría absoluta, buscaron en el ayuntamiento los expedientes de los programas urbanísticos, pero faltaba mucha documentación. La pidieron a la Conselleria de Medio Ambiente, que rehusó facilitarla. No obstante, el gobierno local"agilizó", según dijo ayer Revilla, cuanto pudo los trámites y respondió a la todas las solicitudes de más información por parte de Medio Ambiente y, a su vez, trasladó a la administración autonómica los documentos que le aportaban las mercantiles.
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