MÓNICA ROS LA POBLA DE FARNALS
El ex jefe de la policía local de la Pobla de Farnals, Carlos Orenga, acudió ayer al juzgado de Massamagrell para ratificar la denuncia que presentó a principios de agosto en la que aseguraba que la alcaldesa de la localidad, Natividad García, había "guardado 200.000 euros en metálico en el consistorio" semanas después de la moción de censura. Orenga relata en la denuncia presentada que García "me pidió que le entregara una llave de los cajetines que la policía local gasta como armero y que se encuentra dentro de un habitáculo al que únicamente tienen acceso los miembros de la policía local". El ex intendente de la Pobla de Farnals asegura que Natividad García guardó "en el cajetín número 11 un sobre y me manifestó su contenido y procedencia". Al parecer la alcaldesa "depositó 200.000 euros en metálico" tras explicarle al intendente que su ex marido "se había llevado otros 200.000 euros de la caja de seguridad de un banco".
Además, en la denuncia consta que de los movimientos que se realizaron en el cajetín número 11 del armero de la policía, a Orenga tal sólo se le referenció "una cantidad de alrededor de 120.000 euros que García sacó para el depósito y compra de su vivienda en una urbanización de Puçol".
El ex intendente declaró ayer en el juzgado de Massamagrell "para esclarecer cualquier duda o encubrimiento que pudiera suponer saber del uso de tutela municipal (cajetín del armero) para uso personal como caja fuerte al servicio de una persona (la alcaldesa) que ha servido para depositar dinero".
Sin embargo, la denuncia de Carlos Orenga no queda aquí, ni mucho menos. El ex intendente jefe aseguró ayer que, en unos meses, "ampliaré esta denuncia en el juzgado, a portando diversas pruebas, ya que, al parecer, cuento con documentación que puede ser material sobre un posible delito de malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación".
Y por si fuera poco, el abogado de Orenga "también prepara otra denuncia por acoso y coacción ya que García me retiró de mi puesto profesional por decreto y me quitó 700 euros de mi sueldo, me ha abierto tres expedientes disciplinarios y he sufrido un constante acoso y derribo por denunciar, y dar constancia, de las presuntas irregularidades en su vivienda y en el ayuntamiento".