L. SENA GODELLA
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El Ayuntamiento de Godella ha apelado la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Valencia, que da la razón a Rocafort en el proceso que dirime la legalidad del PAI del Bovalar. Este proyecto de Rocafort, por el que se van a construir 500 viviendas, afecta a parte del término de Godella y este municipio considera que debería haber sido consultado. El fallo judicial opina que no era necesario su consentimiento para realizar las obras de encauzamiento del barranco que atraviesa el sector, y que la construcción de la rotonda de enlace con la CV-310 no genera intromisión en su territorio.
Sin embargo, el pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Rocafort presentó un documento en el que indicaba que el Agente Urbanizador debe cumplir las previsiones del programa y "ello requiere ocupar parcialmente el término de Godella". Por ello pedía al consistorio autorización para "intervenir en su término municipal".
Esta petición ha servido de base para el recurso. De hecho, en la apelación, Godella incluye como argumento que "una vez se han aprobado todos los instrumentos de planeamiento, ejecución y gestión sin contar en absoluto con la voluntad del Ayuntamiento de Godella, que se opuso a la actuación en el trámite de reparcelación", el alcalde de Rocafort requiere a Godella la autorización prevista en la Ley Urbanística Valenciana -vigente cuando se aprobó el PAI- "cuando se percata de la necesidad de ejecutar obras en su término municipal".
El PAI del Bovalar, cuyo arranque se remonta a 2003, ha estado paralizado desde mayo de 2008, a raíz del recurso del Ayuntamiento de Godella, aunque tras apelar Rocafort y la promotora se levantó la suspensión de una parte. La constructora Begar, de José Luis Ulibarri, vinculado a la trama Gürtel, era la subcontratista de las obras aunque se desvinculó del proyecto hace tiempo. De hecho, el consistorio de Rocafort llegó a cubrir de blanco los carteles con la información del PAI para ocultar el nombre de Begar
"Se vulnera nuestra capacidad de elección"
El alcalde de Godella, Salvador Soler, indica que "la sentencia que apelamos dice que no era necesaria la autorización de Godella". Sin embargo, el 31 de julio Rocafort solicita permiso para intervenir en el término, "lo que reafirma toda nuestra argumentación anterior y nos da una motivación que apoya las tesis que nuestros servicios jurídicos han planteado desde un primer momento: que Godella debía haber autorizado este PAI porque afecta a su término". Soler señala que "no se puede aprobar un instrumento de planeamiento que debe contar con la autorización del municipio colindante sin tenerle en cuenta" y añade que en el PAI del Bovalar de Rocafort "se vulnera el principio de capacidad de decisión de Godella y nuestros vecinos".