A. P. F. CALP
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La juez que instruye el caso Aguas de Calpe, por el que están imputados, entre otros, el concejal del PP Juan Roselló y su cuñado, el empresario Francisco Artacho, tomó ayer declaración en calidad de testigo al funcionario del Ayuntamiento de Calp, Juan Cervantes. A este técnico municipal el gerente de la mercantil Montubo Obra Civil, Salvador Ibarra, quien también está imputado, lo situó en la reunión que tuvo lugar en Zaragoza entre el 17 y 20 de febrero de 2004 y en la que, supuestamente, Artacho negoció con Ibarra el precio de las obras de la red transversal del agua de Calp. Lo curioso de esa reunión es que se celebró un mes antes de que el entonces gobierno del PP de Calp aprobara en pleno el proyecto y sus cuatro anexos, que ascendían en total a 4,7 millones. Luego, la empresa mixta Aguas de Calpe adjudicó sin concurso las obras a Obras Hidráulicas de Levante, la empresa de Artacho, que, posteriormente, subcontrataría a Montubo Obra Civil.
De esa reunión en la que se urdió la supuesta trama se sabe por la declaración del propio Ibarra. Sin embargo, el técnico municipal negó ayer ante la juez, según las fuentes consultadas por este diario, que participara en la adjudicación de este proyecto a Obras Hidráulicas de Levante, firma que en principio se dedicaba al buzoneo. Admitió, eso sí, que hizo informes que sostenían que las obras se ajustaban al presupuesto, aunque precisó que, en esa valoración, no tuvo en cuenta los precios de mercado.
El proyecto, como luego advertiría la Universitat Politècnica de Valencia, tenía un sobrecoste inicial del 100%. La citada universidad y la Comisión de Precios, organismo de la Conselleria de Comercio, consideraron innecesarios los anexos de obra y el gobierno local tuvo que reducir el presupuesto de 4,7 a 3,3 millones, que fue lo que finalmente pagó Aguas de Calpe a la empresa del cuñado de Roselló. Pero la Comisión de Precios, al aprobar las nuevas tarifas del agua, valoró las obras en 2,2 millones y constató, de esta forma, que el sobrecoste era de 1,1 millones.
La declaración del técnico municipal no arrojó, por tanto, mucha luz sobre el caso. La juez, según las fuentes antes citadas, no tiene previsto citar de nuevo a los imputados ni a nuevos testigos. Ahora investigará a través de un informe pericial contable los pagos efectuados en las obras de la red transversal a Obras Hidráulicas de Levante. El perito responsable de este informe renunció y se está a la espera de que se nombre a uno nuevo.
La juez también debe haber revisado ya el contrato original de la empresa de Artacho con Montubo Obra Civil, que fue la que materialmente efectuó los trabajos.
Quedaría otro trámite pendiente, que es la declaración como testigo del técnico francés de Aguas de Valencia, Laurent Stagge, que fue quien supuestamente supervisó el contrato de la sociedad mixta Aguas de Calpe con la firma de Artacho. Sin embargo, todavía no se le ha localizado.
El siguiente paso será ya que la juez concluya las diligencias y ordene la apertura de juicio en Benidorm. Los posibles delitos por los que están imputados, entre otros, Roselló y su cuñado son prevaricación, tráfico de influencias, malversación y negociaciones prohibidas a funcionario público.
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