Xàbia critica el ´sigiloso vericueto´ que usó el arzobispado para apropiarse de la iglesia

El catedrático Manuel Ortells se reúne hoy con el alcalde y
los ediles para estudiar acciones legales contra la diócesis

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A. P. F. XÀBIA ?
El Arzobispado de Valencia eligió el camino más oscuro para registrar a su nombre el pasado mes de agosto la iglesia-fortaleza de Sant Bertomeu que, hasta 1961, figuró como bien municipal en los inventarios del ayuntamiento. El concejal de Patrimonio de Xàbia, Juan Carlos Generoso, del PP, explicó ayer que, al recurrir al artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la diócesis esquivó anunciar en un edicto público que se había inscrito el templo.
Ese "sigiloso vericueto legal", como lo definió Generoso, permitió que un funcionario -en este caso el párroco de Sant Bertomeu, Vicent Gilabert- expidiera el certificado de dominio que presentó en el Registro de la Propiedad de Xàbia para poner a nombre del arzobispado el monumento gótico.
Sin embargo, el artículo 207 de la misma Ley Hipotecaria abre la posibilidad de recurrir y paralizar durante dos años esa inscripción en el registro, que es una vía que al ayuntamiento podría darle ahora cierto margen de maniobra.
El edil subrayó que los vecinos ya han expresado que ese "sigilo" les ha molestado. Lo que para el arzobispado era "un trámite administrativo, los vecinos lo han percibido, no me atrevería a decir como una ofensa, pero sí como un vericueto para evitar acuerdos transparentes", advirtió Generoso.
El edil anunció que el catedrático de Derecho Procesal Manuel Ortells acudirá hoy a Xàbia y se reunirá con el alcalde y los concejales para trazar el camino a seguir para recuperar la titularidad municipal de la iglesia. "Vamos a explorar la más mínima posibilidad legal, porque cada una de las piedras de esta iglesia corresponden al sacrificio de un "xabienc"", dijo Generoso, al tiempo que recalcaba que recuperar el templo es, "además de un mandato del pleno, una obligación de orden moral y pública".
El concejal del PP se mostró convencido de que el ayuntamiento, finalmente, tendrá que plantear acciones judiciales contra el arzobispado.

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