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El equipo de gobierno de Benidorm anunció ayer que sea "un juez" quien decida si los concejales que lo conforman tienen la calificación de "no adscritos", ya que esta cuestión "no es competencia del pleno municipal". La portavoz , Natalia Guijarro, hizo estas afirmaciones tras finalizar el pleno extraordinario a petición del PP para que los ediles del equipo de gobierno fuesen "no adscritos" por "imperativo legal".

El portavoz del PP, Antonio Pérez, dijo que "la situación" actual de los ex ediles del PSOE y del tránsfuga, José Bañuls, como equipo de gobierno, "es ilegal". "Ustedes no están legitimados ni por los votos ni por la ley; han dejado el partido con el que concurrieron alas elecciones y ustedes son, desde entonces, tránsfugas", dijo Pérez, quien apuntó que la situación de estos contraviene el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, por la cual los ediles no adscritos no pueden ver mejorados sus "derechos económicos y políticos" respecto a los que tenían en su anterior partido. Llinares contestó que "Pérez se empeña en hacer una lectura totalmente diferente del artículo 73.3" a la que hace, según ésta, "el Tribunal Constitucional catorce sentencias".

Por otra parte, PP estudia presentar "una querella" o "una reclamación judicial" contra el alcalde socialista, Agustín Navarro, después de que "no haya habido avenencia" en un acto de conciliación tras afirmar que a tres ediles del PSOE les habían ofrecido "cargos importantes" en administraciones dependientes de la Generalitat con el fin de evitar la moción.