La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha abierto diligencias de investigación penal (DIP 38/2009) contra el ex alcalde socialista Josep Vicent Sanchis -y 14 personas más, incluidos funcionarios- tras la denuncia de un vecino que asegura que, presuntamente, no se han ingresado en la caja de Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) unos cinco millones de euros en concepto de excedentes de aprovechamiento urbanístico. Esta cuantía, además, es coincidente con el informe de intervención que hizo público la alcaldesa, Natividad García, el 27 de abril. Para esclarecer los hechos, la Fiscalía ha requerido al ayuntamiento los ingresos en concepto de excedentes de aprovechamiento, los convenios con las promotoras y las certificaciones finales de obra de dos manzanas en la playa de la Pobla de Farnals.
Los excedentes de aprovechamiento urbanístico son las cantidades que le corresponde al ayuntamiento por el desarrollo de un Plan de Actuación Integrada (PAI). La cuantía de estos excedentes se convenia entre los promotores y el propio ayuntamiento y debe ingresarse en la caja del PMS antes de que se inicie cualquier construcción, tal y como se especifica en el artículo 60 de la LRAU. Según la denuncia que está investigando Anticorrupción, al parecer, los ingresos en concepto de aprovechamientos urbanísticos -en dos manzanas de la playa- no se han efectuado en la totalidad correspondiente a los metros cuadrados realmente construidos. Y es que ahí está el quid de la cuestión. Por ello, la Fiscalía está investigando cuáles son exactamente los metros cuadrados construidos en estas dos manzanas -la número 19 y la número 23- para saber qué cantidad deberían haber ingresado los promotores en la caja de PMS.
Más construcción de lo pactado
En la acusación se asegura que en estas manzanas "se ha construido más de lo que estaba conveniado". Por ello, la denuncia asegura que por la manzana 19 de la playa "se ingresaron 1,7 millones de euros" porque el aprovechamiento objetivo real -es decir, los metros cuadrados que realmente están construidos- se fijaron en 18.401,42 unidades de aprovechamiento (UA). La denuncia presenta los resultados de las mediciones perimetrales a pide de obra de los edificios afectados. Según esta ponderación lo "realmente construido" asciende a 22.794 UA, por lo que la cuantía de lo que "se debería haber ingresado asciende a 5,4 millones de euros". La diferencia, pues, es de 3,7 millones que "no están ingresados en el ayuntamiento".
En la manzana 23, la denuncia afirma que en esta manzana se produce "el mismo desfase en cuanto a los excedentes de aprovechamiento fijados oficialmente, y los realmente construidos".
Posible "trato de favor" a un promotor
La denuncia también hace referencia a un posible "trato de favor" con algunos constructores ya que en las dos manzanas denunciadas -la 19 y la 23- no se aplica el mismo valor unitario del excedente de aprovechamiento, a pesar de que ambos convenios se aprobaron con apenas cinco meses de diferencia y se encuentran en el mismo área de reparto. El valor unitario del excedente de aprovechamiento -que fijará la cuantía final que deberá pagar el constructor al ayuntamiento- de la manzana 23 se aprobó en febrero de 2004 y se fijó en 204,09 euros. Cinco meses después se hizo lo propio con la manzana 19, aunque en esta ocasión el valor se incrementó tres veces más, hasta alcanzar los 646,08 euros. La LRAU, sin embargo, estipula "un régimen idéntico o similar para todas las parcelas o terrenos comprados en una misma unidad de reparto", por lo que, según la denuncia que investiga el fiscal, "se presupone que el precio de los excedentes en una misma unidad de reparto deberían ser, cuanto menos, similar".
La denuncia detecta un "claro y desmesurado favoritismo" al aprobarle a una mercantil "el pírrico valor de 204,09 euros por el metro cuadrado/techo o unidad de aprovechamiento ya que esta misma mercantil, después, venderá los apartamentos construidos a más de 2.000 euros el metro cuadrado/techo, es decir más del 1.000% de su valor de compra al ayuntamiento".
La denuncia está presentada contra el ex alcalde Josep Vicent Sanchis y 14 personas más, "unos por comisionar los presuntos delitos y otros por intentar ocultarlos".
Sanchis aseguró sentirse "tranquilo" ya que "todos los proyectos gestionados en mi mandato cuentan con los informes favorables de los técnicos y están aprobados por el pleno".
