A. P. F. DÉNIA
La alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, del PP, lleva meses enarbolando la bandera del tren, pero ayer, en el pleno, vio como la reivindicación tomaba un derrotero que ella no había previsto. Todos los grupos hicieron suya una moción presentada por el Bloc que exige al Gobierno y al Consell que la conexión ferroviaria entre Gandia y Dénia se incluya "como primera prioridad" en el plan de infraestructuras de la Comunitat Valenciana. Además de dotación presupuestaria para iniciar las obras, la propuesta, que se aprobó por unanimidad, plantea convocar, a través de la Xarxa d'Alcaldes de la comarca, una manifestación en Dénia para el mes de enero. Este sábado, en Oliva, ya tendrá lugar una manifestación a favor del tren, y el Bloc de la Marina Alta hizo ayer un llamamiento a sus militantes y simpatizantes para que participen.
Tras adoptar el pleno de Benissa hace un mes un acuerdo similar al de ayer en Dénia, el delegado del Consell en Alacant, José Ciscar, en una comparecencia junto a Ana Kringe, expresó sus discrepancias respecto a la idoneidad de manifestarse ahora por el tren. El PP, por tanto, es renuente a este tipo de protestas, porque se salen de la ruta -campaña de firmas y reuniones de alcaldes- que ha trazado la alcaldesa para reivindicar la vía ancha entre Dénia y Gandia.
En el pleno de ayer, resultó curioso que fuese la portavoz del Centre Unificat, Pepa Font, la que felicitase al Bloc por llevar la moción al pleno.
Por otra parte, el gobierno local aprobó en solitario la nueva ordenanza de convivencia. El Bloc votó en contra al faltar informes importantes como el de Servicios Sociales, ya que la ordenanza afecta a colectivos desfavorecidos. Mientras, el PSPV hizo lo propio y lamentó la falta de debate ciudadano.
Estos dos grupos de la oposición se abstuvieron en la reclasificación a zona verde del solar del antiguo centro de especialidades. Socialistas y nacionalistas se sorprendieron de que el gobierno local todavía no haya cerrado la permuta para lograr que ese solar de Marqués de Campo sea de titularidad municipal. El propietario sigue siendo el Ministerio de Trabajo.