La Audiencia no ve delito en que un concejal de Burriana llevase el coche de un promotor

R. PARDO CASTELLÓ La Audiencia Provincial de Castelló ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por el PSPV de Burriana y el Ministerio Fiscal contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Vila-real de archivar la querella interpuesta por los socialistas contra el ex alcalde y senador, Alfonso Ferrada, y los concejales Pedro Sancerni y Javier Perelló, así como contra un empresario.
Entre otras cosas, el fiscal planteaba la necesidad de investigar a Perelló por utilizar un automóvil de alta gama, que figura a nombre de la mercantil Basgra. "¿Por qué el señor Perelló conduce un turismo de una empresa que ha tenido actuaciones urbanísticas en el municipio del que él mismo es concejal?, ¿dónde está el contrato de compraventa del mismo?, ¿ha habido alguna trato de favor por ello?", se preguntaba la fiscalía.
A los imputados se les achacaban presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente, delito de tráfico de influencias, delito de negociaciones y actividades prohibidas, delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, delito de malversación y delito de cohecho. En el origen de la denuncia está la actuación en el PAI Pedrera Port.
El auto deja abierta la posibilidad de reabrir el caso si se aportasen nuevas pruebas. A esa opción es a la que se acoge la concejal socialista Iolanda Porcar, quien ayer manifestaba su "sorpresa y perplejidad por el auto, porque, a pesar de que se ven indicios de posible delito no se practican todas las pruebas planteadas por nosotros".
En su auto la Sección Primera de la Audiencia apunta que "no se aprecia la relación de causalidad que habría de existir para hubiera delito entre la utilización del coche y la condición de concejal de Urbanismo que ostentaba Perelló". También considera innecesario realizar investigación alguna sobre el posible tráfico de influencias, pues "la relación personal" tipificada en el Código Penal, "ha de existir entre la autoridad y funcionario que pretende influir y la otra autoridad o beneficiario de quien quiere conseguir una resolución beneficiosa".
Perelló se mostró ayer satisfecho por el auto "que no hace más que desmentir a quienes han estado acusándome injustamente".