EUROCOPA

Pego rechaza los despidos que exigía el PP y saca adelante un presupuesto de 10 millones

El consistorio ingresará sólo 70.000 e por licencias, pero prevé 240.000 por infracciones urbanísticas - El gasto de personal asciende a 5 millones

 
El alcalde de Pego conversa con un vecino.
El alcalde de Pego conversa con un vecino.  ernest weber

A. P. F. PEGO El equipo de gobierno de Pego (Ciutadans de Pego, PSPV y Bloc) aprobó ayer un presupuesto de casi 10 millones de euros del que la mitad se va en gastos de personal. El PP votó en contra y recriminó al alcalde y concejal de Hacienda, Carmelo Ortolá, que no aligere con despidos la plantilla de trabajadores municipales. "Siempre hemos querido mantener todos los puestos de trabajo a pesar de la crisis", replicó el primer edil, que precisó que sí que se suprimirán tres plazas que no están cubiertas.
Para los populares, y así lo expresó el edil Fernando Gil, el gobierno local no ha hecho un verdadero esfuerzo de contención del gasto y eso supondrá que la deuda municipal se dispare a 15 millones de euros. También criticó este concejal que el consistorio, además de en "quiebra técnica", está en "quiebra fraudulenta" pues aplica en el IBI una ponencia catastral que tiene recurrida en el juzgado.
El también concejal del PP, Eduardo Siscar, atacó por el frente de los impuestos. Calificó de "incongruente" que se prevean más ingresos por IBI (la recaudación por impuestos directos es de 5,7 millones) con una revisión catastral que está impugnada. A Siscar también la resultó paradójico que el gobierno local pretenda recaudar 240.000 euros por infracciones urbanísticas y sólo 70.000 por licencias de obra.
Los ingresos por licencias, de hecho, caen ahora a un mínimo histórico. En 2005 el consistorio cobró por permisos de obra 1,95 millones y, en 2006, 2,1 millones.
El alcalde y edil de Hacienda aseguró que en el IBI el gobierno local no puede más que aplicar la ponencia de valores catastrales que está en vigor. Sobre posibles despidos en la oficina técnica de urbanismo, Ortolá dijo que sus trabajadores siguen teniendo mucho trabajo. "Una tarea muy importante es cerrar los PAI iniciados por Maite Ferrándiz (PP) y que presentan puntos que se pueden considerar al límite de la legalidad. Antes de dar un paso en falso, hemos pedido, desde la oficina técnica, asesoramiento jurídico externo", precisó el alcalde.
Mientras, el portavoz socialista, Andreu Dominguis, sostuvo que la oficina de urbanismo también redacta proyectos del Plan E y el Plan Confianza.
El presupuesto prevé 218.261 euros en inversiones y 2,7 millones en gastos corrientes.

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