Anticorrupción investiga la gestión del ex alcalde de Castell de Guadalest

RAQUEL LÓPEZ CASTELL DE GUADALEST El equipo de gobierno de Castell de Guadalest, dirigido por la alcaldesa socialista Trini Amorós, ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción el informe de fiscalización municipal realizado sobre la cuenta general del ejercicio 2006, en el que se plasman irregularidades cometidas desde 2002, bajo la gestión del ex primer alcalde popular, Juan Bautista Balaguer, que gobernó la localidad durante 28 años de forma ininterrumpida.
La decisión de dejar en manos de este tribunal la búsqueda de responsabilidades penales del ex alcalde se aprobó, por mayoría, en el pleno ordinario y contó únicamente con el voto en contra del concejal del grupo municipal popular, Ernesto Jorques, debido a que no le "cuadran las cuentas que refleja la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana en su informe", según argumentó en la sesión plenaria.
Para la alcaldesa, esta medida era "necesaria" o el gobierno actual se hubiera convertido en "cómplice de las actividades de Balaguer" ya que existe la obligación de "denunciar la comisión de delitos por parte de poderes públicos", según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. Además, la búsqueda de responsabilidades es una de las numerosas recomendaciones establecidas por la propia Sindicatura de Cuentas en su informe. El organismo fiscal insta a establecer "los mecanismos de control que aseguren el ingreso en las cuentas del ayuntamiento" de las tasas municipales y promover "cuantas actuaciones estén a su alcance" para "cuantificar" cuántos, de dichos ingresos, "no fueron ingresados" en las citadas cuentas.
Asimismo, reclama a la corporación que clarifique "la procedencia de diversos pagos realizados desde 2002 a 2007" e incorpore "a la contabilidad local la totalidad de las deudas mantenidas con terceros y no contabilizadas que, de acuerdo con la información facilitada por la entidad, ascendía -al cierre de 2006-, a 1.760.463 euros". En este punto, sorprende la deuda contraída por el ayuntamiento con los propios vecinos del municipio, que asciende a 601.000 euros, pedidos en la década de los 90 para la adquisición de la casa-museo "Casa Orduña", que el anterior gobierno optó por considerar "una donación", según consta en un acta de un pleno, y se refleja en la contabilidad de 2006, que sólo apunta a una póliza de crédito por un importe de 141.000 euros con una entidad financiera sin que para la fecha se hubieran devuelto las aportaciones. Sin embargo, existe una sentencia a favor de uno de los vecinos que solicitó la devolución por vía judicial. ?En la documentación remitida al Ministerio Fiscal se afirma "que no existía ningún tipo de control de los ingresos" obtenidos con las visitas que se organizaban a la casa museo, a pesar de que se calcula tal recaudación en torno a los 750.000 euros, y de que en la contabilidad municipal sólo se computan 504.622 euros.