Los detenidos hacían de intermediarios en la venta de terrenos y garantizaban la licencia

Afectados por la presunta estafa urbanística de Llíber relataron a este diario cómo actuaba uno de los empresarios detenido. Comentaron que ejercía de intermediario en la venta ante notario de los terrenos en suelo no urbanizable. Contaba, para ello, con poderes de los propietarios, a menudo agricultores de Llíber. Al comprador le garantizaba que no iba a tener ningún problema para conseguir la licencia y construirse un chalé. De hecho, ya le ponía en contacto con un técnico municipal (supuestamente, el entonces aparejador Amador Signes), quien le explicaba los pasos a seguir para conseguir el permiso de obras. El empresario explicaba a sus clientes que en Llíber se aplicaba una curiosa práctica urbanística. Debían pedir una licencia para restaurar una ruina o para construir un almacén con una parte habitable, aunque edificaran un chalé de nueva planta. El Colegio de Arquitectos de Alicante presentó una denuncia contra esta artimaña urbanística (de ahí la imputación del ex alcalde y el que fue su aparejador municipal). Los proyectos, supuestamente de obra menor, pero en realidad para construir un nuevo chalé, los visaba un arquitecto técnico y no uno superior.
Llíber no tiene todavía Plan General. De sus Normas Subsidiarias, a finales de los 90 y principios del 2000, el entonces gobierno local del PP hizo una interpretación muy "sui géneris". Se permitió que los vecinos pudieran construirse una vivienda en suelo no urbanizable en parcelas de 5.000 m2, en lugar de los 10.000 que marca la ley. Varios promotores vieron en esa permisividad una oportunidad de negocio. Proliferaron las casas en parcelas de 5.000 m2, pero también de 4.000 ó 2.000. El consistorio no paralizó ninguna obra y, por contra, siguió dando licencias. El actual alcalde, Juan Bautista Reus, del PSOE, atajó esta práctica cuando en 2003 llegó a la alcaldía. También prescindió del hasta entonces aparejador municipal. a. p. f.llíber