El Gobierno investiga un sobrecoste de 7 millones en los aparcamientos de Mislata

MÓNICA ROS MISLATA La Delegación del Gobierno está investigando si el Ayuntamiento de Mislata ha pagado "de más" a la empresa encargada de la construcción y gestión de los cuatro aparcamientos de la ciudad. El PSPV de Mislata denunció un posible "enriquecimiento injusto" de la empresa constructora tras un informe que emitió Intervención en agosto. En pasado 12 de noviembre, los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno requirieron una serie de informes y acuerdos a Intervención, Secretaría y Alcaldía, que el ayuntamiento remitió la semana pasada. El objetivo -según los socialistas de Mislata- es saber "si se ha podido cometer alguna irregularidad en la rescisión del contrato de los aparcamientos, para constatar si existe o no algún perjuicio para la hacienda local".
Y es que, que PSPV de Mislata lleva meses asegurando que el gobierno que preside Manuel Corredera pagará "22,7 millones de euros (más 1,7 millones en concepto de intereses) por unos aparcamientos que, según la empresa constructora costaban 16,8 millones. Hay mucha diferencia entre una cuantía y la otra, y las cuentas no están claras".
Por ello, el secretario general del PSPV de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, le ha exigido al PP que "deje de esconderse" y explique, de una vez por todas, "por qué los ciudadanos de Mislata vamos a pagar un sobrecoste de más de 7,7 millones de euros por los aparcamientos". Además, Fernández Bielsa acusó al gobierno popular de "pagar más de lo que toca a la empresa que decidió parar las obras, perjudicando gravemente los intereses de Mislata".
El PSPV de Mislata acusa al gobierno de Corredera de pagar un sobrecoste de más de 7 millones de euros a la empresa Lubasa Aparcamientos, y el PP ha anunciado que llevará a los socialistas al juzgado por esta acusación. "Lubasa Aparcamientos va a cobrar 12 millones de euros por los aparcamientos. Ni un céntimo más. Estamos muy tranquil0s al respecto porque hemos actuado conforme a ley. Le hemos deducido a la empresa todo lo que era posible y hemos actuado en defensa de los intereses de los vecinos al no iniciar un proceso judicial que nos llevaría años y paralizaría aún más la situación", aseguró el alcalde, Manuel Corredera.