EL juez investigará una querella contra Interior por la cárcel de Siete Aguas

La Plataforma No a la Cárcel la acusa de delitos contra la Ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente

EP/LEVANTE-EMV.COM El titular del juzgado de primera Instancia e Instrucción número 2 de Requena (Valencia) investigará una querella presentada por la Plataforma No a la Cárcel en Siete Aguas contra la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Peniteciarios (SIEP), del Ministerio de Interior, por supuestos delitos contra la Ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente, según informó la entidad en un comunicado.

La plataforma presentó una querella contra SIEP al estimar que la construcción de esta cárcel está prevista en una parcela de Suelo No Urbanizable, que incluye 13.000 metros cuadrados (m2) de Suelo No Urbanizable de Protección Forestal. El magistrado, al considerar que los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito, ha admitido a trámite la querella y ha abierto diligencias previas. También ha remitido la causa a la Fiscalía de Medio Ambiente.

Según la entidad, la situación de la nueva cárcel "ha generado la oposición de diversas instituciones y colectivos", y explicó que a la reciente declaración institucional del Consell Valencià de Cultura solicitando una localización alternativa, se unen las "objeciones" presentadas por la Conselleria de Medio Ambiente, que señaló el "grave riesgo" de incendio forestal con el consiguiente "problema de evacuación" de los internos y personal del centro, debido a la proximidad con terrenos forestales.

Así mismo, recordó que 253 biólogos valencianos firmaron un Manifiesto de Oposición en el que solicitaban la búsqueda de un emplazamiento alternativo, una solicitud similar a las efectuadas por la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas y por la Sociedad Valenciana de Ornitología.

Las "dudas" sobre el proyecto han llegado también al Parlamento, donde se han formulado preguntas al Gobierno sobre los riesgos de la instalación y los criterios para la selección del emplazamiento por parte de cuatro grupos parlamentarios distintos: Partido Popular (por medio de los diputados Esteban González-Pons y Susana Camarero), Izquierda Unida (Gaspar Llamazares y Joan Herrera), CiU (Mercé Pigem) y UPyD (Rosa Díez).

Todas estas "objeciones" inciden, según concretó la plataforma, en los "inconvenientes" que plantea la ubicación elegida por los riesgos derivados de su situación junto a una masa forestal de 25.000 hectáreas, "una de las principales de la provincia de Valencia", calificada de riesgo extremo de incendios, y en especial por las consecuencias que un incendio en las proximidades podría tener para los reclusos en el caso de que la acumulación de humos obligara a la urgente evacuación de la prisión.

A pesar de esta oposición, el Ministerio de Interior "no ha realizado el necesario estudio de impacto ambiental y ha procedido ya a la compra de los terrenos y a la convocatoria de los concursos para el movimiento de tierras y para la construcción de la obra en este emplazamiento que incluye una zona de suelo forestal protegido", criticó.

Con todo, desde la Plataforma se insiste en que la Administración central "está obligada al cumplimiento de la normativa vigente" y "a seguir con los procedimientos legales establecidos, en especial, los referidos a la materia urbanística y de protección del medio ambiente, incumplimiento que ha dado lugar a la presentación de la querella".