Prisión para el ex alcalde de Llíber por estafa urbanística

A. P. F./P. C/EFE LLÍBER La juez de instrucción número 3 de Dénia ha ordenado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el ex alcalde de Llíber José Más (PP) y el ex arquitecto municipal de esta localidad alicantina, detenidos en relación con una presunta estafa urbanística cometida entre 1999 y 2003.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han indicado que la juez ha tomado declaración a ambos como imputados por los presuntos delitos de cohecho, estafa y prevaricación.

El ex alcalde y el ex arquitecto municipal fueron arrestados junto con seis empresarios o constructores de nacionalidad alemana, británica y española dentro de una operación en la que se investiga la presunta construcción y venta de viviendas en suelo no urbanizable en Llíber.

Tres de estos constructores prestaron ayer declaración ante la magistrada instructora en calidad de imputados por los presuntos delitos de cohecho y estafa.

Dos de ellos quedaron en libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado para firmar, mientras que la juez decretó prisión provisional para el tercero, eludible con el pago de una fianza de 100.000 euros.

Está previsto que la magistrada cite a declarar en los próximos días a otros presuntos implicados que, según el TSJCV, "no han sido detenidos".

En el marco de esta operación, el actual alcalde de Llíber, el socialista Juan Bautista Reus, y otros cuatro concejales del municipio han declarado hoy ante la Guardia Civil.

Según fuentes policiales, Reus y los otros cuatro miembros de la corporación municipal, cuya identidad no ha sido confirmada, no han sido detenidos y, tras declarar ante los agentes, se han marchado libremente.

Al parecer, han sido llamados para ser preguntados por el pleno municipal celebrado hace dos mandatos en el que se aprobó la construcción de las viviendas en suelo no urbanizable, sesión plenaria en la que participaron.

La investigación sobre esta presunta estafa urbanística es coordinada por la juez del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Dénia y también abarca la presunta falsificación de documentos relacionados con la venta de las viviendas construidas en parcelas no urbanizables.

La corporación municipal de Lliber, población con cerca de mil habitantes, está formada por cuatro concejales del PSPV-PSOE y tres del PP.

La Guardia Civil detuvo en la tarde del lunes al ex alcalde de Llíber, José Mas Avellá, del PP, y a quien fue su aparejador municipal, Amador Signes, por su participación directa en la trama de corrupción urbanística en la que también están implicados promotores, constructores e intermediarios. El ex primer edil pasó la noche en el cuartel del Instituto Armado en Xàbia, mientras que Signes, por una indisposición temporal, permaneció ingresado en el hospital con custodia policial. Está previsto que ambos pasen hoy a disposición judicial.
Mientras, en la mañana de ayer declararon ante la juez del juzgado número 3 de Dénia tres de los seis empresarios detenidos el domingo y en la mañana del lunes. La magistrada dejó en libertad provisional a dos de ellos, que, sin embargo, siguen imputados por estafa y cohecho, y ordenó el ingreso en prisión de Miguel M., el promotor de Xàbia que, supuestamente, urdió la estafa urbanística. El fiscal de Medio Ambiente de Alicante, Juan Carlos Carranza, pidió para este promotor prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 200.000 euros.
Sin embargo, fuentes del caso precisaron que, además de los ocho detenidos, de los que dos quedaron ayer en libertad provisional, hay una decena más de imputados, entre los que podría estar un notario. De hecho, también se investiga la supuesta falsificación de escrituras y contratos de venta de las viviendas. Por tanto, la magnitud de la presunta trama de corrupción urbanística de Llíber no deja de sorprender.

Entre 300 y 350 chalés ilegales
Los delitos que se atribuyen a los implicados son los de estafa, cohecho, pertenencia a asociación ilícita y contra la ordenación del territorio. El ex alcalde y el aparejador municipal hasta 2003 ya estaban imputados por permitir la construcción de entre 300 y 350 chalés ilegales. Esa causa, que está pendiente de juicio en Benidorm, está directamente relacionada con la estafa sufrida por trescientas familias extranjeras, sobre todo residentes ingleses, que compraron de buena fe casas que luego han descubierto que están fuera de ordenación y que son difícilmente legalizables.
Al detener al ex primer edil y a su arquitecto técnico de confianza, la investigación sitúa a ambos como cómplices de la trama. De hecho, entre 1999 y 2003, concedieron cientos de permisos para edificar chalés en terrenos rústicos de menos de 10.000 metros cuadrados. La normativa urbanística, durante esos años de gobierno del PP, se aplicaba en Llíber de forma muy peculiar. Con permisos de restauración de una ruina (a menudo la ruina ni existía) o de construcción de almacén agrícola con parte habitable, se edificaban chalés que los promotores llegaban a vender por más de 300.000 euros. Las licencias no eran de obra mayor y no hacía falta que las visara un arquitecto superior. Fuentes del caso indicaron que algunos de esos proyectos privados los realizaba el propio aparejador municipal que luego autorizaba las obras. Así pues, las ilegalidades urbanísticas las bendecía el propio ayuntamiento.

Llíber vivió su particular "boom" urbanístico entre 1999 y 2003. En esos años, los nuevos chalés afloraron como champiñones. El ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, aplicaba su peculiar excepción urbanística. En suelo rústico, donde son necesarios 10.000 metros cuadrados para construir una vivienda, en Llíber se permitía edificar en una parcela de 5.000 m2. Promotores como Miguel M., quien tiene abierto un expediente de infracción urbanística en Xàbia por tabicar un sótano y crear minipisos, vieron en la laxa normativa urbanística de Llíber una oportunidad única de negocio. Los empresarios implicados en la trama que investiga la Guardia Civil hacían de intermediarios en la venta de terrenos rústicos y también construían casas que luego vendían en terrenos de 1.500 ó 2.000 metros. Todo ello en supuesta connivencia con el entonces alcalde y el aparejador municipal. Los compradores de esas casas encontraban un paraje idílico en partidas forestales como las del Gorgos, Cutes o la Font d'Aixa. Sin embargo, luego descubrieron que era imposible legalizar sus casas y que vivían en precario con agua y luz provisionales. Algunos de los afectados presentaron denuncias (también el Colegio de Arquitectos de Alicante). Y el grupo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil inició una investigación y empezó a recabar información en el ayuntamiento y en notarias de la zona. Llíber es un municipio de mil habitantes donde aún siguen vigentes las Normas Subsidiarias de 1984. El actual alcalde, Juan Bautista Reus, al llegar en 2003 al gobierno, atajó la construcción de chalés ilegales. a. p. f.llíber