El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, considera que la solución al conflicto abierto en el seno de la Unió Musical de esta localidad es la elección de una junta directiva "de consenso" que acabe con la que ya es una de las mayores crisis internas de esta sociedad en sus más de cien años de existencia.
Como publicó ayer Levante-EMV, el último capítulo de la crisis se ha escrito con la dimisión del director de la Unió Musical, José Miguel Micó, y de cien músicos que han anunciado que también abandonan la entidad por ser contrarios a la decisión adoptada por la nueva junta directiva de no derribar el teatro para levantar en su lugar un nuevo auditorio. Ese proyecto fue promovido por la anterior junta directiva, que cesó tras el ataque con cócteles molotov lanzados contra la vivienda del presidente de la sociedad, José Vicente Alcaide.
Dejando claro su "absoluto respeto" por las "decisiones soberanas" que adopte la Unió Musical de Llíria, el alcalde de la localidad expresó ayer a este periódico su convicción de que el "negro panorama" en que se ha visto sumido la entidad puede resolverse si se nombra una directiva "de consenso". Manuel Izquierdo entiende que, ante los últimos acontecimientos, esta significativa asociación musical de Llíria debe buscar la fórmula "para volver a aglutinar a sus socios" y tomar la decisión que estimen oportuna sobre el detonante de la crisis: el derribo o el mantenimiento del teatro para construir el auditorio que se ha proyectado.
El alcalde señaló que no es a él a quien corresponde tomar decisiones, y, sin citar nombres, explicó que en la Unió Musical de Llíria "hay personas muy preparadas y con mucha clarividencia para intervenir en este caso" y poner fin al enfrentamiento entre las dos facciones que en este momento dividen a la sociedad.
"En los más de cien años de historia de la banda se habrán plantado problemas más difíciles de resolver que este, y la entidad siempre ha sabido encontrar el camino para solucionarlo", indicó Izquierdo, quien expresó su confianza en que finalmente se alcance una propuesta que convenza a la mayoría de los socios: "sólo la muerte no tiene solución", concluyó.
Respecto al derribo del teatro para construir un nuevo auditorio, el alcalde de Llíria se limitó a indicar que lo único que ha hecho el ayuntamiento en todo este proceso "es cumplir la ley". Manuel Izquierdo explicó que él habría cometido prevaricación si hubiese denegado el permiso de derribo planteado por la sociedad. Ese permiso tiene una vigencia de seis meses, plazo a partir del cual se tendría que volver a solicitar licencia para hacer desaparecer el actual local de la entidad.
En lo que a la creación de una junta directiva de consenso se refiere, el alcalde coincide en uno de los aspectos planteados por los músicos que han anunciado que abandonan la entidad. Con su gesto, pretenden devolver a la Unió Musical de Llíria la unión social que del proyecto del auditorio ha truncado.
