La Audiencia reabre el caso por un posible ´pelotazo´ urbanístico en Orpesa

RAMÓN PARDO CASTELLÓ El alcalde de Orpesa y varios miembros de la corporación local que en 2001 aprobó la permuta de unos terrenos en primera línea de playa por otros en el interior están citados a declarar hoy en el Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló que investiga un posible delito de trafico de influencias y prevaricación urbanística, denunciado por un particular.
La reapertura del caso, a cuyo proceso se ha sumado el fiscal, fue ordenada en un fallo de la Sección Primera de la Audiencia de Castelló que atendió el recurso del denunciante ante la decisión de la juez del número 4 de archivar la denuncia al entender que la documentación aportada había sido examinada por el juzgado de Instrucción número 2.
Los hechos fueron denunciados a la Fiscalía Anticorrupción por el vecino de les Amplàries afectado por el PAI previsto en la zona de los campings, Amplàries.
En 2001 el grupo Marina d'Or adquirió unos terrenos propiedad del entonces alcalde, Francisco Garrido, para luego entregarlos al consistorio y cumplir con la obligación legal de ceder el 10% del aprovechamiento que los urbanizadores ceden a los consistorios. El suelo vendido a la urbanizadora por Garrido fue adquirido, según la documentación aportada por el denunciante, unas fechas antes.
Según tasaciones periciales aportadas por el denunciante, el precio registral del metro cuadrado/techo en la costa valía 72 euros, en tanto que el adquirido a Garrido, variaba entre 16 y 33 euros.
La denuncia del vecino, a la que se adhiere el fiscal, apunta que el consistorio perdió dinero y suelo en la permuta. Entiende que los concejales "renuncian a 2.827 metros cuadrado/techo en beneficio de la mercantil Construcciones Castellón 2000 SAU", del grupo Marina d'Or, que era la redactora del proyecto de reparcelación del programa de actuación integrada.La empresa quería desarrollar ese PAI en la zona de Les Amplàries, la de los campings.
La Audiencia apunta que en el auto de archivo y sobreseimiento de la causa se apunta que "no está debidamente justificada la perpetración del delito que se persigue". Lo que no acepta la Sección Primera. Ésta entiende que "no cabe sino concluir que el juzgado "ha impedido", con su decisión, "la práctica de unas diligencias relevantes para el esclarecimiento de los hechos".
Apunta también la Audiencia que "la desestimación del recursos de reforma se produce por la errónea remisión a otro procedimiento, cuya decisión de archivo está pendiente del recurso de apelación".