Piden al Fiscal que investigue los informes que avalaron el PAI del Puig

CÈSAR GARCIA EL PUIG Los portavoces del PSPV-PSOE y Compromís (Bloc-EU) del Ayuntamiento del Puig, Eugeni Ruiz y Vicent Porta, respectivamente, presentaron, el pasado 12 de enero, una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia para que investigue si se han cometido presuntos delitos por parte del gobierno del PP, que logró la alcaldía con dos tránsfugas del PSPV y un concejal independiente en 2008, al "impedir que los mecanismos de asesoramiento jurídico de la corporación sean reales y efectivos y estén servidos por funcionarios que tengan la independencia y profesionalidad exigible", como sucedió en la última tramitación del PAI Golf Mar en octubre de 2009.
Según la denuncia, la subsanación de deficiencias sobre los cálculos de los índices de edificabilidad y aprovechamiento tipo del PAI donde se construirán 6.400 viviendas, junto a un campo de golf de 18 hoyos, fue avalada por un informe de un administrativo que ejercía las funciones de secretario, ya que el PSPV y Compromís aseguran que existía un "vacío de poder" al no existir ni secretaria ni interventor que fiscalicen la actuación municipal, mientras que sí actúa un bufete externo de abogados contratado por el gobierno local.
"Nos llama poderosamente la atención" que las subsanaciones en el PAI, enviadas el pasado 6 de octubre, "se efectúen precisamente en el momento en que la Oficial Mayor ya no presta servicios en la corporación y la Secretaría venía siendo ocupada accidentalmente por un administrativo de la corporación que, como hemos dicho, pese a su buena voluntad, carece de cualquier de los esenciales conocimientos en Derecho que le faculten para ser el asesor jurídico", detallan los ediles del PSPV y Compromís en su denuncia.
Los denunciantes alertan de que el alcalde Tolosa utilizó una "pirueta" para evitar que la oficial mayor que estaba en comisión de servicios, desde marzo de 2008, ocupara la plaza que ganó tras un concurso con una máxima puntuación de 20,18 puntos. Esta funcionaria, que ejercía de secretaria e interventora, había informado en contra de la contratación de un despacho de abogados que ejerce las funciones de "asesoramiento jurídico en materia de urbanismo". Este bufete está vinculado, según la denuncia, a la mercantil adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Puig.