El ex alcalde de Orpesa declara que el suelo permutado era de sus hijos

RAMÓN PARDO CASTELLÓ El alcalde de Orpesa en 2001, Francisco Garrido, negó ayer ante el juez de Instrucción número 4 de Castelló, según fuentes conocedoras del procedimiento, que fueran suyos los terrenos que Construcciones Castellón 2000 ofreció al consistorio a cambio del suelo que debía cederle en primera línea de playa en les Amplàries, donde planteó un programa de actuación integrada (PAI) que fue recurrido por un afectado de la zona de campings.
Las mismas fuentes apuntan que el ex concejal del PSPV, José Manuel Ribés, resaltó que el suelo que recibió el consistorio en la montaña tenía más valor que el de la playa, así como que el consistorio pudo percibir más terreno. Ello contradice la valoración de un perito que afirma que es un suelo degradado y podría verse afectado por el trazado de la N-34o.
A ambos ex concejales como a los que están pendientes de declarar se les imputa un posible delito de prevaricación urbanística y de tráfico de influencias. Tanto Garrido como Ribés sostienen que actuaron en base a informes de los técnicos del consistorio y, por ende, dentro de la legalidad. Recalcan que el municipio no perdió dinero. Y en el caso del primero, matiza que el suelo permutado era propiedad de una empresa constructora creada por sus hijos, que vendieron ese suelo a Construcciones Castellón.
Un terreno de almendros, dijo, que la propia comisión de Urbanismo del consistorio aconsejó vender en 2001 para favorecer que las instalaciones deportivas allí programadas estuvieran todas juntas. Asimismo, fuentes conocedoras del proceso afirman que Garrido mantuvo que la permuta permitía darle mayor utilidad al suelo al estar cerca del núcleo urbano, bien comunicado y que interesaba más que en la costa.
El actual alcalde, Rafael Albert, y miembros de la actual corporación que aprobaron una permuta de terrenos para posibilitar el desarrollo del PAI Les Amplàries. declararán en el Palau de Justícia de Castelló, A los integrantes de aquella corporación se les imputa un posible doble delito de prevaricación urbanística y tráfico de influencias, por aceptar la permuta de unos terrenos en el interior del término y a precio menor que los de primera línea de costa.