RAMÓN PARDO CASTELLÓ
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El alcalde de Orpesa, Rafael Albert, se apoyó ayer en los informes de los técnicos municipales para justificar que el consistorio no perdió suelo ni dinero en la permuta -aprobada por el pleno en 2001- del 10% del aprovechamiento en primera línea de playa (Les Amplàries) por otro en el interior, próximo al cementerio. Negaba así que existiese un supuesto "pelotazo urbanístico" en la zona. Su comparecencia y la del entonces concejal, Juan Manuel Millares, formaba parte de las diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Castelló por un presunto doble delito de tráfico de influencias y prevaricación urbanística.
Albert, según fuentes próximas al procedimiento, considera que el consistorio salía beneficiado de la permuta porque en el suelo recibido se iba a construir una zona de ocio y deportiva -allí ha previsto construir una macropiscina-. Recalcó que, de acuerdo a la valoración del arquitecto, tanto el suelo del sector R4B como el de Suelo no programado urbanizable (SNUP) tenían el mismo valor. Siempre según las citadas fuentes, Millares recalcó que votó de acuerdo a los informes técnicos y a lo que le indicaba el cabeza del grupo, en este caso Rafael Albert.
El alcalde apuntó también que el suelo que correspondía al consistorio no estaba en primera línea de playa y es que, según fuentes conocedoras del procedimiento, afirmó que los 100 primeros metros son de dominio público y por ende de Costas. No recordaba el ahora alcalde y en 2001 portavoz del PP en la oposición cuántos metros de más recibió el ayuntamiento en la permuta, pero que, dado que el precio de suelo en la costa y en el interior no era el mismo el consistorio recibió bastantes más metros.
Albert estaba en la oposición cuando se aprobó el sector R4B, en 2001 mientras que ocupaba la alcaldía en 2006 cuando se aprobó el R5B, con la oposición del Bloc.
Ni Albert ni Millares sabían que el alcalde en 2001, Francisco Garrido (GIO) tuviera terrenos en el interior, los que se permutaron, tras adquirirlos Construcciones Castelló a la empresa de sus hijos, como declaró Garrido ante el juez.
Juan Manuel Millares, que dijo votar siguiendo directrices del grupo del PP, admitió que compró un bajo para un botiquín de farmacia en la urbanización Marina d'Or, una de cuyas empresas impulsaba los terrenos R4B y R5B. Asimismo admitió que iba a comprar un terreno con Construcciones Castelló, pero no fraguó. En marzo están previstas nuevas declaraciones de concejales implicados en el caso.
