Imputan a una edil del PP de Calp por el alquiler encubierto de su piso al ayuntamiento

ALFONS PADILLA CALP La nómina de concejales de Calp imputados va engordando. Ahora es la edil del PP Linda Townsend la que se enfrenta a un posible delito contra la administración por alquilar un piso de su propiedad al ayuntamiento y tratar de ocultarlo -la incompatibilidad es evidente- a través de una intermediaria.
Tras denunciar el PSPV de Calp los presuntos delitos de negociaciones y actuaciones prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función, una juez de Dénia ha abierto diligencias previas y tomará declaración a Townsend como imputada y a Brigitte Ann Richmond, que fue la persona interpuesta para encubrir el alquiler ilegal, como testigo. También deberán declarar el portavoz del PSPV, Luis Serna, para ratificar la denuncia, y el interventor municipal, José Santacreu Baidal, como testigo.
El auto en el que la titular del Juzgado Número 4 de Dénia abre diligencias tiene fecha del pasado 28 de enero.
La incompatibilidad de esta concejala del PP al tener alquilado su piso de la cala Manzanera al ayuntamiento la destapó el PSPV en un pleno de mayo. El equipo de gobierno (Bloc, PP y PSD) aprobó ese día dos facturas de 2.400 euros cada una por este arrendamiento.
Posteriormente, el alcalde, el nacionalista Joaquim Tur, suspendió cautelarmente el pago de esas facturas y canceló el alquiler. Sin embargo, esta situación irregular se prolongó al menos tres años y el ayuntamiento abonó en total 21.600 euros. Además, el alquiler se realizó sin contrato y se siguió pagando incluso cuando el piso, que era para que se alojaran los médicos de refuerzo del centro de salud, estaba vacío.
La edil del PP arrendó la vivienda en junio de 2005 a Brigitte Ann Richmond. Un mes después, la supuesta inquilina la alquiló al ayuntamiento por 600 euros mensuales. Resulta curioso que esa misma cantidad era la que recibía Townsend de Brigitte Ann Richmond.
Un informe del interventor y el secretario municipales confirmó que el alquiler era ilegal al no existir contrato, pero descartó la incompatibilidad porque los cheques "se extendieron siempre nominativamente" a la arrendataria y, por tanto, no se puede demostrar "condición de contratante de hecho" de la concejala popular.

Cheques en mano
Con todo, ese informe también desvelaba que el ayuntamiento entregó en mano algunos de aquellos cheques a la propia edil. Precisaba que "la única intervención acreditada de la Sra. Townsend sobre dichas facturas es la indicación obrante en alguna de ellas de que el cheque de pago sea entregado a la misma".
Otros concejales de Calp que también tienen problemas con la justicia son Antonio Romera, del PSD, imputado por presuntamente extorsionar a una asesora municipal, y Juan Roselló, del PP, acusado de prevaricación y otros delitos por la trama de sobrecostes y subcontratas en las obras de la red transversal del agua. Mientras, el ex alcalde Javier Morató, del PP, fue el responsable de la recalificación urbanística de los terrenos de la carpa municipal (ocupados ilegalmente por el ayuntamiento). El Tribunal de Cuentas está investigando esta recalificación.