La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Massamagrell por un presunto delito de prevaricación en recalificación del solar de la parroquia Virgen del Rosario, tras la denuncia presentada por EU y PSPV el pasado año, tras la aprobación definitiva de por parte del Partido Popular de la operación urbanística, que fue demandada por el fraile capuchino Pedro Enrique Rivera tras ponerse en huelga de hambre.
El concejal de EUPV, Alfredo Albornós, desveló ayer que la Fiscalía ha remitido al juzgado de lo penal de Massamagrell la denuncia porque observa indicios de irregularidades. Albornoz declaró que la "apertura de esta investigación penal aportará luz a la recalificación de los terrenos" de la parroquia Virgen del Rosario, que, recordó, "supondrá la pérdida de un espacio público en beneficio de la iniciativa privada, es decir, de la Iglesia".
El edil de izquierdas manifestó, que la investigación judicial "nos ratifica en las sospechas de irregularidades" que han denunciado EUPV junto al PSPV sobre este "caso rocambolesco", pues explica que esta modificación del Plan General se ha llevado a cabo con los informes desfavorables de los propios técnicos municipales, los cuales "consideraban que era contraria al interés municipal, carecía de las mínimas garantías de legalidad urbanística y rigor técnico y no suponía mejorar el planeamiento actual porque, entre otros aspectos, convierte el equipamiento en privado e incrementa la edificabilidad", indicó Albornos.
El concejal de EU, que recalcó que el PP llegó a rechazar alrededor de 80 alegaciones de los partidos políticos de la oposición y de particulares basándose en informes externos, expuso que la recalificación del suelo dotacional público donde se encuentra la parroquia permitirá que se construya un nuevo templo, pero al mismo tiempo, advirtió, se "conseguirá con todo el proceso un incremento de aprovechamiento lucrativo de 1.750,05 metros cuadrados", una cifra que a precio de mercado supone una "plusvalía de más de un millón de euros", criticó.
Albornos destaca también que la apertura de diligencias contempla otros aspectos que advertían desde EU, como que la operación de recalificación definitiva debía ser aprobada por la Conselleria de Urbanismo. A partir de la denuncia de la oposición contra esta operación urbanística, la Fiscalía solicitó los informes a la Generalitat, que instó al consistorio, a través de la Dirección General de Urbanismo, a anular el pleno de junio de 2009 donde se aprobó definitivamente la recalificación. El jefe del Servicio de Coordinación Territorial requirió al ayuntamiento para que aportara documentación y, a la vista de la misma, se considera que la operación debe ser aprobada por la Generalitat.
