ALFONS PADILLA LLÍBER
?
La trama de corrupción urbanística de Llíber salió a la luz porque las familias que compraron las casas que luego descubrieron que eran ilegales denunciaron la estafa. Ahora, los propietarios de las 300 viviendas construidas con licencias fraudulentas han empezado a acudir al juzgado para personarse como acusación particular en la causa por la que están imputados el ex alcalde, José Mas Avellá, el que fue su aparejador municipal, Amador Signes, y el promotor Miguel Muntaner, quien supuestamente urdió la millonaria estafa.
Fuentes del caso indicaron que ayer acudieron al juzgado unos veinte propietarios para nombrar al procurador y abogado que les represente. Otros vecinos estafados ya se han personado y es probable que, finalmente, la mayoría de ellos también lo haga. Quieren conocer de primera mano cómo avanza la causa y, llegado el momento, pedirán que, además de las responsabilidades penales y políticas, se depuren las patrimoniales.
Todos estos propietarios son residentes extranjeros y muchos de ellos son pensionistas que empeñaron sus ahorros en comprar una vivienda que a la postre resultó ilegal. De ahí que ahora reclamen que los constructores que les estafaron (además de Muntaner hay otros imputados) respondan con su patrimonio y les devuelvan el dinero.
Estos propietarios mantienen otro frente abierto, el de la legalización de sus viviendas. Las casas tienen agua y luz en precario. En algunos casos, sus dueños se han visto obligados a instalar placas solares para tener electricidad.
Las viviendas se construyeron en suelo no urbanizable con licencias fraudulentas concedidas por el ex alcalde y su aparejador. Ambos, junto a Muntaner, han salido de la cárcel tras abonar una fianza. En total, hay una veintena de imputados.
