La cuenta atrás de la que fuera la antigua fábrica de Óscar Mayer en Tavernes Blanques ya ha comenzado. Las excavadoras iniciaron ayer los trabajos en la parte de atrás de la factoría para dejar libre una superficie de 8.000 metros cuadrados que, por la volumetría de la fábrica y de los edificios anexos, implica el derribo de 51.000 metros cuadrados. Los trabajos durarán cuatro meses y cuestan 41.000 euros.
Sin embargo, el proceso no ha sido fácil. Es más, el Ayuntamiento de Tavernes Blanques lleva desde 2004 -año en el que la fábrica de Primayor se cerró tras un escape de amoniaco- luchando para que los propietarios del suelo derribaran las instalaciones y mantuvieran la zona limpia y vallada. Y es que la factoría cerró sus puertas, pero no se quedó vacía. Casi desde el primer día, las instalaciones fueron ocupadas por indigentes.
Las quejas vecinales no se hicieron esperar. Es más, el ayuntamiento acumula reclamaciones de residentes que denunciaban las condiciones de insalubridad de la fábrica fruto de los malos olores, las ratas, la suciedad y la basura que se acumulaba en el interior. Hasta ayer.
Tras culminar un proceso burocrático que parecía no tener fin, el ayuntamiento alertó a las personas que ocupaban el inmueble de que la demolición comenzaba ayer. Por ello, los indigentes fueron llevándose sus pertenencias a otra parte durante la semana pasada. La policía local, sin embargo, tuvo que intervenir de madrugada para desalojar a unas 15 personas que aún se encontraban en el interior para que las máquinas excavadoras pudieran empezar a trabajar desde las siete de la mañana.
El gobierno de Tavernes Blanques que preside Arturo Ros consiguió que los dueños del terreno se decidieran a derribar la empresa de una manera contundente: con la imposición de diez multas coercitivas con periodicidad mensual. Y es que, hasta llegar a este punto (el 22 de enero de 2008) el expediente iniciado por el consistorio para que los propietarios mantuvieran el solar "en mínimas condiciones" ya llevaba cuatro años. A partir de este momento, el consistorio fue sancionando a la empresa con dos recargos de 600 euros y siete de 3.000 euros. En principio, los propietarios del suelo -que fue cambiando de manos- hicieron caso omiso a los requerimientos. Sin embargo, el ayuntamiento tiene la gestión tributaria delegada a la Diputación de Valencia que fue quien ejecutó el cobro. A partir de ahí, la maquinaria comenzó a ponerse en marcha. En diciembre de 2009 el ayuntamiento otorgó la licencia de derribo.
El alcalde de Tavernes Blanques, Arturo Ros, estaba ayer satisfecho del inicio de las obras de derribo ya que el proceso "ha sido muy largo, y parecía no tener fin. Se lo prometí a los vecinos y he cumplido porque estaban sufriendo las consecuencias del abandono de la fábrica y no era justo. A partir de ahora, que derriben la fábrica y lo dejen todo bien limpio, desinfectado y vallado. El solar que va a quedar es enorme, y el suelo, urbano".
