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La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha acusado a la Corporación F. Turia -propietaria de la cantera Los Carasoles, de Riba-roja- y a la empresa Gemersa de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente provocado por el relleno y sellado irregular de las instalaciones que ya habían sido explotadas.

En su escrito, la Fiscalía asegura que las filtraciones y, sobre todo, los gases provocados por la combustión interna de los residuos que se prolongó hasta 2003, "ha causado un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y para la salud de las personas", sobre todo de la de los residentes en el medio centenar de chalés de la urbanización Buenavista, colindante con la cantera.

Según la Fiscalía, cuando se autorizó a F. Turia la explotación y extracción de áridos de la cantera Carasoles, se le obligó a que rellenara con escombros y residuos inertes los huecos de las zonas ya explotadas. Para ello, la empresa contrató en marzo de 1995 a Gemersa, que inició los trabajos sin la obtención de licencia municipal de actividad, sin levantar un cercado perimetral que impidiera el paso, sin establecer un sistema de control de residuos depositados y sin impermeabilizar la zona.

Según el ministerio público, aunque los acusados conocían estas irregularidades, no las corrigieron, lo que derivo en que la antigua cantera se convirtiera en un vertedero incontrolado que, a su vez, permitió la combustión interna del vertedero con diversos focos que provocaron columnas de humo y formación de cristales de azufre en el exterior.

Hasta enero de 2003, cuando se logró la extinción de los incendios, los vecinos de Buenavista estuvieron expuestos a la emanación de gases nocivos como el monóxido de carbono y compuestos orgánicos aromáticos, así como a la emisión de cenizas incandescentes. Los vecinos denunciaron esta situación y la empresa les resarció, por lo que renunciaron a las acciones penales y civiles.

Pero ahora es la Fiscalía la que acusa a las dos empresas de delitos medioambientales y pide para cada una de ellas multas que superan los 15.000 euros.