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Los grupos del PP y PSPV en las Corts Valencianes pactaron ayer una modificación del proyecto de ley de Régimen Local, a partir de una enmienda socialista, para evitar que en el futuro se repitan casos como el del Ayuntamiento de Mislata, donde el alcalde, el popular Manuel Corredera, ha apartado de forma fulminante de su puesto a la interventora, Herminia Llop, tras varios informes que cuestionaban la liquidación de los cuatro aparcamientos. La regulación permitirá que todos los expedientes que afecten a funcionarios con habilitación estatal (secretarios, interventores y tesoreros locales) por faltas graves y muy graves, y no sólo los que conlleven la separación del trabajo, pasarán a ser instruidos y resueltos por la Generalitat, con lo que dejarán de estar en manos de los propios ayuntamientos.

La aprobación de la enmienda fue algo rocambolesca. Inicialmente, los populares plantearon una "enmienda de aproximación" a la alegación del PSPV en la que sólo se admitía quitar la llave a los alcaldes en las faltas muy graves. El socialista Joaquim Puig se lamentó de que, con ello, bastaría con que un alcalde expedientera por falta grave, en lugar de muy grave, para no perder el control del expediente.

Sin embargo, la aprobación no debió agradar al colectivo afectado, que había pactado con la conselleria dar una solución al problema. Así, la comisión hizo bueno el dicho de "donde dije digo, digo Diego", y "volvió" a aprobar la enmienda, esta vez incluyendo los expedientes graves.

Puig, alcalde de Morella, defendió la enmienda para "fortalecer las garantías de los funcionarios de los cuerpos nacionales habilitados, con el fin de evitar casos lamentables como los de Mislata, donde quien instruye es quien acaba resolviendo". El popular César Augusto Asencio se felicitó del acuerdo con el PSPV, "un avance importante", que supondrá que "quede fuera de la decisión de los órganos municipales, tanto el nombramiento del instructor como la resolución del expediente". Según explicó, en los casos de faltas graves y muy graves, la instrucción correrá a cargo del director general de Personal de la Generalitat, mientras la resolución será del conseller o del Consell, si conlleva separación del puesto de trabajo.

El Consejo General de Secretarios e Interventores Locales de España mostró ayer su "satisfacción" por la decisión de las Corts.