El ex alcalde de Santa Pola pide 2 millones al Consell si derriba sus seis bungalows en Tabarca

LORENA PADILLA SILLA El ex alcalde de Santa Pola por el PP, Pascual Orts, confirmó ayer que ha solicitado una indemnización cercana a los 2 millones de euros a la Conselleria de Infraestructuras en el caso de que decida derribar los seis bungalows que construyó en Tabarca y que el Tribunal Supremo declaró ilegales en junio de 2009 al igual que lo hizo el Tribunal Superior de Justicia en abril en 2003. Por su parte, la Generalitat ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Alicante en el que le pide información sobre las condiciones en las que se otorgó la licencia municipal.
Desde la primera resolución del TSJ, el Ministerio de Medio Ambiente ha instado en múltiples ocasiones al Consell para que ejecute la sentencia y derribe las casas, pero siempre ha recibido la callada por respuesta. No obstante, los afectados ya han solicitado una indemnización por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la anulación de la autorización para la construcción que otorgó en junio de 1999 el Consell -seis meses después de la licencia municipal de obras- en el caso de que se derriben.
Ahora Infraestructuras pide a Urbanismo explicaciones sobre si la licencia municipal de obras "contempló la tipología de suelo donde se ubicaba el proyecto", pues están sobre la zona de servidumbre de protección. También solicitan información sobre la fecha en la que "se procedió a suspender el otorgamiento de licencias con ocasión del Plan Especial de Protección de Tabarca". Otra de las cuestiones que plantean desde Infraestructuras es "si las obras de construcción de las viviendas unifamiliares comenzaron a ejecutarse antes de que se obtuviera la preceptiva licencia municipal". Por último, pide que le informe si las obras realizadas "se ajustan al proyecto presentado por los mismos para la obtención de la preceptiva licencia municipal".
Pascual Orts asegura que la sentencia se produce contra la autorización que dio el Consell no contra la licencia municipal, por lo que antes de que se cumpla un año del fallo judicial del Supremo se ha dirigido a la Conselleria para reclamar una indemnización si se procede a demoler los bungalows, que en la actualidad se encuentran habitados.