La deuda de las comunidades de vecinos aumenta un 30% y alcanza los 150 millones

PEPI BOHIGUES CULLERA La Asociación de Administradores de Inmobiliarias de Cullera cifra en 150 millones la deuda de las comunidades de propietarios en la Comunitat Valenciana. Los administradores calculan que la morosidad ha aumentado un 30% en dos años, según indicaron el viernes en un encuentro en Cullera.
En los apartamentos de la costa es donde más crecen los impagos porque, según el presidente, Óscar Pellicer, se trata de segundas residencias y la relación "es más impersonal". En la mayoría de casos, los administradores intentan llegar a un acuerdo con el vecino para no tener que denunciarle. Se intenta que el propietario firme un documento de reconocimiento de deuda o de pago aplazado, para saldarla en pequeñas mensualidades. Pero hay casos en los que es imposible el acuerdo, o el vecino no quiere o no puede pagar y es inevitable el procedimiento judicial.
La crisis económica empezó en 2008 y, dos años después, cuando expira el plazo para denunciar una deuda, los procedimientos judiciales por impago han aumentado espectacularmente. En el caso de Cullera, un administrador de fincas ha llegado a asistir a 11 procedimientos judiciales en 15 días; y de éstos, tres han acabado en una subasta de la vivienda. Pellicer estima que la deuda media de los vecinos denunciados ronda los 1.500 euros.
Cuando la deuda es inferior a 6.000 euros se suele acudir al tribunal de arbitraje inmobiliario del Colegio de Administradores.
A pesar de ello, el 12% de los morosos acaban siendo denunciados y un 3% sufre el embargo de sus bienes. José Vázquez explica que los administradores han sugerido al TSJ la creación de un tribunal inmobiliario específico para agilizar estos juicios. Además, según añade Pellicer, se está trabajando para que el plazo para interponer una demanda por una deuda sea de 4 años, y no de 2 años como hasta ahora, así los propietarios tendrían más tiempo para pagar.
Otra modificación que reclaman los administradores es que los bienes de la comunidad de vecinos (piscina, gimnasio, etc.) pueden actuar de aval para pedir créditos.

Fincas vacías y más impagos
La crisis del ladrillo ha dibujado paisajes de grandes fincas o urbanizaciones vacías, con sólo unas pocas casas ocupadas. Aquí, advierte José Vázquez, "el funcionamiento de la comunidad de propietarios es dificultoso". Cuando la vivienda nueva aún no ha sido ocupada es el promotor el que se debe pagar los gastos, pero algunos promotores han burlado estos pagos añadiendo cláusulas a los estatutos de la comunidad. Según Vázquez, el registro de la propiedad no admitiría estas prácticas. En otros casos, son los promotores los que no pueden afrontar los gastos de comunidad y los vecinos tienen que denunciarles para cobrar, con lo que la deuda se posterga.