Las arcas del Ayuntamiento de Manises han sufrido un alivio con el ingreso de casi 1,2 millones de euros provenientes de dos empresas estatales -Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi)-, después de que el consistorio les haya ganado la batalla judicial que mantenía con ambas firmas públicas por el pago de la contribución del aeropuerto, de 2008, y por la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos tras el cierre del astillero naval de Izar, respectivamente.

El conflicto con Aena se inició, en mayo de 2008, cuando el ayuntamiento que preside el alcalde Enrique Crespo giró un recibo de contribución al aeropuerto por 814.297,39 euros (el doble de lo que pagaba) como consecuencia de la actualización del valor de los terrenos que realizó la Dirección General del Catastro, más la incorporación de las nuevas instalaciones, como la moderna terminal. Manises incrementó el coeficiente del 1 al 1,3% del valor catastral de una instalación especial, como es el aeropuerto. Aena se negó a pagar y recurrió, aunque a principios del año pasado aceptó desembolsar 500.000 euros tras negociar con el consistorio y dejó pendiente una deuda de 314.297 euros, hasta que se pronunciara el juez.

Y el pasado marzo llegó el fallo judicial que daba la razón al ayuntamiento. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Valencia concluye que "la base liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los tribunales económico-administrativos del Estado, es decir, que dicha cuestión escapa a la competencia del ayuntamiento".

Asimismo Aena alegó un cálculo incorrecto de la superficie de las distintas unidades singularizadas del aeropuerto, a lo que el magistrado responde que el actor tampoco "ha probado la existencia del error en el cómputo de los metros cuadrados". El aeródromo ocupa alrededor de cinco millones de metros cuadrados.

El juzgador sólo da la razón a Aena cuando estima parcialmente su recurso y anula sólo 13 liquidaciones del IBI de algunas unidades del aeródromo de Valencia porque no se notificaron correctamente, pero que sólo suponen 1.500 euros. La empresa aeroportuaria también se salva de pagar el 20% del recargo, al entender el juez que era "contrario a derecho" el inicio de la vía de apremio, pues la recurrente pidió que se suspendieran las liquidaciones antes de acabar el pago en voluntaria. Por tanto, la empresa pública ha tenido que abonar los más de 300.000 euros que tenía pendientes de pago, desde hace un año.

El concejal de Hacienda del PP, Francisco Izquierdo, declaró que el ayuntamiento "exigía el pago del IBI con toda la razón del mundo y ahora lo ha dicho un juez. Manises no iba a renunciar, como quería Aena, al único beneficio que nos da el aeropuerto, que es la contribución. Fue el ministro Solbes quien modificó la ley para compensar a los ayuntamientos. Fue el catastro quien modificó y no el consistorio, y así nos lo reconocen".

Tras el cierre del astillero naval

No queda aquí la cosa, puesto que el ayuntamiento también ha logrado ganar un contencioso a la Sepi, la firma del Estado que recurrió la liquidación de 380.000 euros girada por el consistorio por el incremento del valor de los terrenos de Izar, tras el cierre del astillero naval. El juzgado número 1 de Valencia lo desestima. El magistrado concluye que la Sepi, que adquirió los bienes, no puede alegar una "reestructuración financiera" para evitar el impuesto, ya que "se pretende únicamente restituir el valor patrimonial de una aportación económica que la Sepi realizó a Izar y que la Unión Europea determinó que era ilegal".