Parece que aquel 18 de octubre de 2008 a la Pobla de Farnals le cayó una maldición. Pleitos tengas y los ganes, que dice el clásico. Y, desde ese día, los políticos implicados de una u otra forma en la moción de censura que dio origen al gobierno tránsfuga se vieron inmersos en una maraña antipática e interminable de denuncias y juicios que ha enrarecido la vida cotidiana de esta localidad de poco más de 7.000 habitantes.
Hasta que llegó ese día, se podría decir que la Pobla había sido un lugar políticamente estable. El Partido Comunista gobernó de 1979 a 1987, y el PSPV durante los siguientes 20 años con Josep Vicent Sanchis a la cabeza. En 2007 el color del ayuntamiento cambió con la llegada al poder del PP y la alcaldía de José Manuel Peralta. Junto a él tenía a Natividad García, la mujer que le quitó la vara de mando tras unirse, junto a otro concejal popular, a Sanchis y los suyos.
Así, la estabilidad política de la Pobla desapareció aquel 18 de octubre de 2008 cuando se hizo realidad la moción de censura que dio la alcaldía a Natividad García. Sostiene su antecesor y ex compañero de partido, José Manuel Peralta, que el origen de esa moción fue la auditoría que el PP preparaba sobre las cuentas del mandato de Sanchis, y que fue el ex alcalde socialista el que promovió el cambio de gobierno.
Días antes de ser apartados del poder, los populares presentaron ante la Fiscalía tres denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, presunto delito de prevaricación y por presuntos delitos urbanísticos contra Sanchis y un funcionario municipal.
Empieza así el constante peregrinar de los políticos poblanos por el cuartel de la Guardia Civil y el juzgado de Massamagrell o por el Palau de Justicia de Valencia. Sanchis también acusó públicamente a Peralta de varios delitos urbanísticos, que finalmente nunca llevó a los tribunales. Eso sí, en 2010 el portavoz socialista consiguió que el Síndic investigara la gestión económica de Peralta durante su año y medio en la alcaldía, al igual que el político del PP había hecho con él.
La nueva alcaldesa, nada más obtener el cargo, se apuntó a la ola de denuncias asegurando que su primera decisión al frente del consistorio había sido «poner en conocimiento de la Guardia Civil que estoy siendo amenazada de muerte desde que se presentó la moción». Y ya puestos, después denunció ante el TSJ a sus ex compañeros de partido por haberla expulsado «sin notificación alguna».
De fuera vinieron también —en concreto, de la Delegación de Gobierno— para llevar a principios de 2009 ante el juez al nuevo equipo de gobierno por la moción de censura, contencioso que finalmente fue archivado.
Así pues, aún no habían pasado cinco meses desde aquel octubre de 2008 en el que cayó una maldición sobre la Pobla, y ya están todos los protagonistas de esta historia ante los tribunales.
Bueno, todos no porque falta un personaje importante: el jefe de la Policía Local, Carlos Orenga. Íntimo amigo de la alcaldesa, la Fiscalía del TSJ le pidió en 2009 que hiciese un informe sobre unas posibles irregularidades en la concesión de licencias de actividad a raíz de la denuncia de Peralta contra Sanchis por un delito de prevaricación. Fueron 7 las irregularidades que detectó, pero el juez acabó archivando todas las denuncias del PP contra Sanchis, aunque a día de hoy sigue teniendo otra actuación abierta por irregularidades urbanísticas en la zona de la playa que denunció un vecino.
No nos olvidemos de Carlos Orenga. Es 2009 y en la Noche de San Juan, en la que todos comparten su pan incluso en la Pobla, la alcaldesa denuncia que alguien ha asaltado su despacho. Los populares aprovecharon para asegurar que este robo «va ligado a las mangarrufas urbanísticas» del consistorio y apuntaron que le iba acabar costando el puesto al intendente.
Efectivamente, en agosto Natividad García destituyó por decreto a Orenga, y éste contraatacó denunciando a la alcaldesa por esconder en un cajetín policial 200.000 euros justo después de la moción que le dio el gobierno. También advirtió al Ayuntamiento de Puçol que la primera edil había hecho obras ilegales en la vivienda que tiene en esta localidad.
Pero ahí no acaba la cosa. La ex esposa de Orenga denunció en septiembre al policía porque en el domicilio que ambos compartieron durante años había aparecido un cuadro del ayuntamiento, un ordenador portátil municipal y una carpeta negra con documentación personal de la alcaldesa que, según la denunciante, había sido robada de su despacho.
Finalmente, tanto la actuación contra García por el asunto del cajetín, como la de Orenga por el robo en el despacho han sido archivadas. Pero la vida sigue y justo esta semana una concejal del PP ha denunciado a la alcaldesa por amenazarla de muerte tras un pleno. Parece que la maldición aún acecha sobre la Pobla de Farnals.
«Lamentablemente, ya está judicializado»
La alcaldesa Natividad García, no teme que la vida política de la Pobla de Farnals se pueda judicializar porque, según asegura, «lamentablemente, ya se ha judicializado». «Todas estas querellas cruzadas lo único que hacen es enredar la gestión municipal, y lo que tenemos que hacer en el equipo de gobierno es seguir trabajando». García asegura que no ha sido ella la que ha contribuido al mal ambiente. «La única denuncia que he puesto es contra el ex inspector», afirma. Y señala a un único culpable: «Ha sido José Manuel Peralta el que desde el primer momento ha iniciado este proceso».
