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El titular del juzgado número 3 de Ontinyent ha citado a declarar al alcalde de Albaida, Juan José Beneyto(PP), en calidad de imputado por un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Beneyto se enfrenta a una posible pena de prisión e inhabilitación de cargo público de entre 6 meses y un año. Según el fiscal, Beneyto incumplió los sucesivos requerimientos efectuados desde un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia. En los escritos se le ordenaba cumplir la sentencia que condenó al ayuntamiento a indemnizar a una empresa urbanizadora con 663.318 euros, más intereses y costas procesales, por haber anulado "ilegalmente" un PAI industrial en 2004.
Desde que la sentencia fue firme -noviembre de 2007-, hasta que el Ayuntamiento de Albaida pagó el principal de la deuda, pasaron dos años y varios requerimientos judiciales. En todo ese tiempo, la juez del caso estableció distintos plazos para que la deuda se hiciera efectiva. Todos se incumplieron "sistemáticamente", según reconoció en un auto la propia juez. El primer requerimiento, en el que se daba al alcalde 10 días para pagar, data de abril de 2008. En julio, la empresa urbanizadora volvió a dirigirse a la juez para hacerle saber que la situación seguía sin resolverse. En el siguiente auto, la juez dio un mes de plazo a Beneyto y le apercibía de que en caso de incumplimiento podría ser multado.
El alcalde de Albaida solicitó un aplazamiento de la ejecución de la sentencia y propuso a la juez un calendario de pagos. Durante 2008 se comprometía a abonar 300.000 euros y el resto, en 2009, en dos plazos antes de la aprobación del presupuesto municipal. Pasados los meses, el ayuntamiento sólo había pagado 174.000 euros. En febrero de 2009, la juez envió otro requerimiento en el que reiteraba que el ayuntamiento estaba "incumpliendo sistemáticamente" su propio calendario de pagos y recordaba que el alcalde podría estar incurriendo "en un delito de desobediencia", que comporta "multa e inhabilitación" para cargo público, señalaba el auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Valencia.
